Punto de Vista

* La demanda contra British Petroleum

Ha pasado ya más de un lustro.

El 20 de abril de 2010 se produjo una explosión en el pozo petrolero Macondo de la plataforma Deepwater Horizon. El accidente causó 11 muertes y provocó un derrame de crudo que contaminó gran parte de las costas del golfo de México y provocó importantes daños económicos y al ecosistema marino y costero.

Esta semana la empresa petrolera británica British Petroleum (BP) responsable del accidente, anunció su disposición a pagar 18 mil 700 millones de dólares en 18 años, tanto al Gobierno de Estados Unidos, como a los gobiernos de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas, los cinco estados de aquel país afectados por el derrame.

Por parte de México, el Gobierno Federal, encabezado en aquel entonces por el panista Felipe Calderón, decidió no demandar a la empresa petrolera por los daños que se pudieran causar a la ecología y a la economía de la región.

Los gobiernos estatales de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo presentaron una querella ante una corte federal en Texas, por los daños causados hasta el momento y los que se pudieran presentar en el futuro.

Sin embargo, apenas hace un par de meses, una corte federal de apelaciones ratificó la determinación de un tribunal de primera instancia de que esos tres estados mexicanos no pueden demandar a British Petroleum y otras compañías por daños ocasionados por el derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010.

El fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó una determinación de una corte de distrito emitida en 2013, en la que se argumenta que el gobierno de México es propietario del área dañada y que los tres estados carecen de personalidad jurídica para presentar tal demanda.

El acuerdo anunciado esta semana por la compañía petrolera implica que su subsidiaria en Estados Unidos pagará a lo largo de 15 años una multa civil de 5 mil 500 millones de dólares al gobierno de aquel país bajo la Ley de Aguas Limpias.

Durante ese mismo periodo, pagará otros 7 mil 100 millones de dólares al Gobierno y a los cinco estados de aquel país afectados por daños a recursos naturales. A ese monto se sumarán otros 232 millones de dólares en reserva por si surgieran nuevos daños.

La compañía petrolera pagará además 4 mil 900 millones de dólares adicionales en 18 años para “resolver demandas económicas y de otro tipo” impuestas por esos mismos estados, y destinará mil millones de dólares más para resolver las demandas interpuestas por más de 400 entidades gubernamentales locales.

El recurso legal que prevalece, por parte de México, es el interpuesto por casi
25 mil pescadores mexicanos, de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, tres de los cinco estados que bordean al golfo de México.

Los pescadores afirman en su reclamo jurídico, que los daños por el derrame son palpables. Miles de especies presentan problemas, las aguas no se han tratado y algunas de las afectaciones son irreparables.

“No es posible que la compensación se haya limitado al territorio de Estados Unidos y no se extienda a todo el golfo de México”, reclaman los pescadores mexicanos.

Agregan que hay por lo menos 30 especies migratorias que se comparten con Estados Unidos y los daños han sido enormes.

Horacio Polanco es el representante legal en México de los pescadores y comenta que entre los demandantes hay empresas, colectivos y trabajadores que hacen la faena diaria en el mar.

“Establecer que los daños sólo han ocurrido en el territorio norteamericano es una falacia y una falta de respeto a México”, afirma el abogado mexicano.

Un ejemplo más del desapego de las autoridades a temas tan sensibles como la protección del medio ambiente y la defensa de la economía tradicional del mexicano.

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