Punto de Vista

La responsabilidad del Orfis

Salvo una recomendación emitida a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la revisión de la Cuenta Pública del 2011, en la que se le sugiere “atender en su totalidad los requerimientos de documentación derivados de procesos de auditorías financieras, presupuestales y de cumplimiento de objetivos, a fin de evitar las sanciones correspondientes”, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) nunca se enteró de los actos de omisión, negligencia o irresponsabilidad en los que incurrieron funcionarios de alto nivel de la actual administración estatal.

Como quien dice: “Se las pasaron de humo”.

En la revisión de las cuentas públicas del 2011, 2012 y 2013, la conclusión del Orfis respecto al manejo financiero de la Sefiplan fue que “No se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial”.

Admite el Orfis que en esos tres años detectó “inconsistencias de carácter administrativo”, pero dejó al órgano interno de control el seguimiento de las recomendaciones emitidas.
¿Dónde estaba el Orfis cuando se requería que funcionara como “filtro” y detectara que había funcionarios que no habían entregado “la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho”?
Nadie lo sabe.

El titular de ese órgano, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, no ha dicho “esta boca es mía”. Se olvida que en la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz, en su Artículo 76, se establece como causa grave de responsabilidad administrativa que tendrá por consecuencia la remoción del Auditor General, “incumplir la obligación de determinar los daños y perjuicios, y de fincar las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, en los casos que establece esta Ley cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice”.

También es causa de remoción para al Auditor General del Orfis “conducirse con parcialidad en el procedimiento de fiscalización de las Cuentas Públicas así como en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley”.

Todas las dependencias del Gobierno del Estado tienen asignado un órgano de control interno, que depende de la Contraloría General del Estado. El responsable de esa área se encarga de revisar los manejos financieros y administrativos de cada dependencia y orientar a los responsables para que se apeguen estrictamente a lo que ordena la Ley.

En la relación de funcionarios sujetos a procedimiento disciplinario, destacan servidores públicos que fueron titulares de los órganos de control de la SEV y la Secretaría de Salud, pues al parecer no cumplieron con su responsabilidad, de vigilar que no existieran actos de omisión o negligencia.

Sin embargo, después de esa revisión que se hace todos los días, corresponde al Orfis vigilar que se haya cumplido con lo que marca la normatividad.

Ahora resulta que ni la Contraloría en su momento, ni el Orfis más adelante, se percataron de que había servidores públicos que no estaban cumpliendo con su responsabilidad de acreditar que se habían aplicado de forma correcta los recursos provenientes de la Federación.

Quizá las sanciones deberían alcanzar a funcionarios de niveles más altos.

Es pertinente observar que en la investigación que realiza el actual contralor, Ricardo García Guzmán, no figuran dos funcionarios a quienes en forma persistente se había ligado con supuestos casos de corrupción: El actual secretario del Trabajo en la entidad, Gabriel Deantes, y el hoy diputado federal electo por Martínez de la Torre, Édgar Spinoso.

Hoy se sabe que la Auditoría Superior de la Federación no los tiene señalado, ni la Contraloría General del Estado ha encontrado irregularidad alguna en su actuación, lo que confirma la versión que dio el propio gobernador Javier Duarte sobre la salida de ambos, en marzo del 2014: “Se trató del cumplimiento de ciclos. No hay investigación alguna en su contra”.

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