Raúl López Gómez/Cosmovisión
* El gasoducto en Xalapa
¿Estaría usted de acuerdo en que junto a su casa se instalara una gasolinería? ¿Aceptaría usted que montaran a un lado de su domicilio una planta distribuidora de Gas LP?
Lo más seguro es que respondan que no estarían de acuerdo, pues lo consideran de alto riesgo y opinarán que acabaría con la tranquilidad de su familia.
En efecto. No hay mejor forma de prevenir que suceda una desgracia de consecuencias fatales con materiales tan delicados como el gas o la gasolina, que evitando que estos productos estén cerca de nuestros hogares.
El problema es que no lo podemos evitar. Necesitamos del gas y la gasolina para resolver muchas de nuestras necesidades cotidianas (comer, bañarnos, trasladarnos, entre otras).
Requerimos de sus beneficios, pero protestamos por sus altos riesgos.
La historia de casi todas las compañías distribuidoras de gas es la misma. Llegan a una ciudad, hacen los trámites para instalarse y les ponen como condición que utilicen espacios alejados de la mancha urbana, con el fin de prevenir accidentes que impacten a la población.
Construir sus instalaciones en zonas alejadas a la población impacta de forma automática en los costos de operación. Las unidades de transporte y venta al menudeo (pipas y camiones que cargas tanques domésticos) deben hacer recorridos más largos y el consumo de combustible, así como los horarios de operación, impactan en el presupuesto de la empresa.
No obstante ello, las empresas acatan las exigencias de las autoridades locales, y durante un buen tiempo realizan su trabajo sin problemas.
Pero la mancha urbana crece, y de pronto la planta almacenadora y distribuidora de gas está rodeada de viviendas, y las familias empiezan a reclamar por el alto riesgo que representa la presencia tan cercana de esa empresa, por lo que les exigen a las autoridades que ordenen su traslado a una zona de menor riesgo.
A pesar de que esas familias llegaron después que la planta de gas, es esta empresa la que debe moverse.
Con las expendedoras de gasolina ocurre algo similar, y cada vez son más severas las exigencias para que estas empresas se instalen y operen, pues los vecinos no suelen estar dispuestos a correr riesgos.
En las semanas recientes ha crecido la ola de protestas ciudadanas contra la construcción de un gasoducto que pasaría por los municipios de Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata. Lo menos que han dicho de tal proyecto es que representa un altísimo riesgo para la población.
Nada más alejado de la realidad.
Especialistas en la materia han advertido que aunque el transporte de gas natural por gasoducto incluye algún grado de riesgo para el público en caso de un accidente y el subsiguiente escape de gas, siempre será más peligroso que el traslado se haga mediante el uso de pipas, que están más expuestas a factores externos.
Este mismo año el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno prevé invertir 228 mil 500 millones de pesos para construir nuevos gasoductos, lo que representa 75 por ciento más de infraestructura en la materia.
Esa inversión permitirá casi duplicar la capacidad que tiene instalada el país, sin considerar los proyectos que eventualmente con la participación del sector privado se puedan dar en los próximos años.
La empresa Gas Natural Industrial (GNI) responsable de la obra proyectada para Xalapa y sus alrededores, obtuvo los permisos de transporte para usos propios en modo de autoabastecimiento en la zona geográfica de: Veracruz (G/298/SAB/2012), Xalapa (G/293/SAB/2012) y Orizaba-Mendoza (G/299/SAB/2012). Éstas últimas autoabastecedoras renunciaron y cedieron los permisos para el transporte de gas bajo el permiso G/323/DIS/2014 con exclusividad de 12 años.
El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez aclaró que no existe ninguna solicitud o petición de construcción de las líneas del gasoducto, aunque admitió que el proyecto es un tema federal y que las concesiones y los permisos deben pasar por la Secretaría de Energía y por la Comisión de Regulación Energética.
Sin embargo, advirtió que después de cumplir esos requisitos, los responsables del proyecto deberán pasar por los dictámenes de viabilidad de Protección Civil y por la regulación de los ayuntamientos.
Ninguna precaución está de más. Lo que no debemos permitir es que se frene el desarrollo por argumentos falaces, que se alimentan del temor natural de la sociedad.