Punto de Vista

* La crisis en el IPE

Vuelven los señalamientos contra el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por el recurrente retraso en el pago a los burócratas pensionados, y la cada vez más evidente falta de liquidez.

Este organismo, que opera con el carácter de descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, es regido por un Consejo Directivo integrado por 13 miembros. Siete de ellos son representantes del Gobierno del Estado, y seis designados por los trabajadores. De estos últimos, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios le corresponde designar uno; otros cinco son nombrados por las organizaciones sindicales que tienen carácter estatal, cuatro del magisterio al servicio de la Secretaría de Educación, y uno de la Universidad Veracruzana, que de acuerdo con sus padrones agrupen al mayor número de trabajadores y pensionistas.

El caso es que esas organizaciones sindicales, las que representan a los trabajadores (y que, sin embargo, son minoría en la toma de decisiones) son siempre las mismas y los derechohabientes ya se cansaron de pedirles que defiendan sus intereses, algo que es su obligación.

En virtud de que no son escuchados ni siquiera por quienes los representan, los pensionistas optaron por buscar a legisladores de oposición y les plantearon una serie de propuestas de reforma a la legislación vigente, con el fin de rescatar al IPE de la actual crisis y mantener intocables los derechos de los trabajadores.
Con estas propuestas de reforma se plantea una “reingeniería administrativa” que, entre otras cosas, considere la renovación periódica del Consejo Directivo, pues el que está ahorita, que se ha eternizado, ha demostrado que no sirve para nada.

Se propone, además, que sea el Congreso del Estado el que designe, mediante un riguroso proceso de selección, al Director del IPE, con el fin de garantizar que dicha responsabilidad recaiga en alguien con capacidad y solvencia moral, y que goce de autonomía plena, lo que no sucede en la actualidad.

Es añejo el debate de una supuesta deuda millonaria del gobierno estatal con el IPE. Lo cierto es que año con año, en el presupuesto del Poder Ejecutivo se incluye una partida cada vez mayor para reforzar las finanzas del IPE, las que ya son insuficientes para cubrir sus obligaciones.

Esta aportación no responde, de ninguna forma, a un gesto de buena voluntad. La Ley de Pensiones del Estado establece, en su Artículo 98: “De darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales. El Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación”.
De hecho, cuando el Gobernador Javier Duarte se ha referido a las finanzas del IPE, menciona con un dejo de amargura que el lastre financiero de esa institución es cada vez más pesado para la administración estatal.

Conociendo las complicaciones financieras que enfrenta en la actualidad el Gobierno del Estado, es muy creíble que no le estén llegando al IPE los recursos con la suficiencia y la oportunidad que se requiere, pero bien reza el dicho: “¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?”.

El Artículo 24 de la Ley de Pensiones establece que “el patrón hará entregas quincenales al Instituto, por conducto de su tesorería o área administrativa correspondiente, del monto de las cantidades resultantes por concepto de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 17 y 18. También entregarán quincenalmente el importe de los descuentos que el Instituto solicite que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta ley”.

No sólo eso. En el segundo párrafo de dicho Artículo se advierte: “Cuando no se cumpla lo anterior, además de pagar intereses moratorios establecidos en el Artículo 105 de esta Ley, el Instituto, previo cumplimiento de la normatividad aplicable, podrá ordenar se retengan de las participaciones federales o de los recursos que le correspondan la cantidad estimada tomando como base la cantidad mayor reportada en el último año regular de reporte, con independencia de que con posterioridad regularice los pagos en los términos previstos en esta ley”.

Así, por Ley el Gobierno del Estado está obligado a cumplir en la aportación de los recursos que le corresponden como patrón, y de los adicionales que se requieran para cumplir con los compromisos con los pensionados.

Otros patrones que están incluidos en esta obligación son los Ayuntamientos y ya varios se quejaron de que al momento de recibir lo correspondiente a sus participaciones federales, se encontraron con que les habían descontado lo que debían al IPE.

“De por sí nos entregan tarde e incompleto lo que nos toca, y ahora, sin decir ‘agua va’, nos tumban lo del IPE”, fue la queja recurrente de los alcaldes. Está claro que nadie se tomó la molestia de informarles de este cobro “a lo chino”.

No suenan mal las propuestas de reforma que promueven organizaciones sindicales que no están incluidas en el Consejo Directivo. Es evidente que los líderes sindicales que tienen posiciones en dicho consejo, no han hecho bien su trabajo, y sólo por ser los de mayor antigüedad ocupan un sitio que no han honrado.

Ojalá esta iniciativa no se tope con el muro del “mayoriteo”.