Ruperto Vázquez Ovando/Opinión en línea
* Entre la veda y la opacidad
Si hay un tema que les sigue causando incomodidad a las autoridades de los tres niveles de gobierno, algo así como el taladrante sonido de un mosco que vuela cerca del oído, ese es el de la transparencia.
Formados a la vieja usanza, los servidores públicos no terminan de admitir que sus actos y el resultado de su desempeño en el gobierno deben ser conocidos por cualquier ciudadano.
Los avances en materia de transparencia han sido gigantescos en los años recientes y, sin embargo, falta mucho por hacer.
Apenas este miércoles la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora, hizo un “atento llamado” a la Cámara de Diputados para que publique la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el Sistema Nacional Anticorrupción.
La titular del IFAI dijo que se agotó la discusión de la Ley General de Transparencia por parte de la Comisión de Gobernación, y se dijo esperanzada de que este jueves pase a discusión del pleno.
En esta nueva Ley de Transparencia se agregan nuevos sujetos obligados a hacer públicos sus datos, como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, los partidos políticos y los sindicatos.
Sin embargo los funcionarios suelen hacer uso de todas las argucias legales para evadir esta responsabilidad, con lo que se acentúa la sospecha y se reafirma el viejo dicho que advierte: “el que teme, es porque algo debe”.
Justo en este período de campañas electorales, en momentos en los que se agudiza la fiscalización de los entes y servidores públicos, es también cuando más casos de opacidad se presentan.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya advirtió que no se debe utilizar como pretexto la llamada “veda electoral” (restricción para la promoción de programas y logros de gobierno) para incumplir con las obligaciones de transparencia.
El organismo electoral aclara que aunque los gobiernos federal, estatales y municipales no pueden promover ni difundir obras o acciones durante la contienda, esas restricciones no son pretexto para incurrir en la opacidad.
Las reglas para la difusión de la propaganda gubernamental ordenan suprimir toda promoción de gobierno, pero bajo ningún supuesto, los entes públicos pueden dejar de cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
Además, el sector Salud y Protección Civil, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante Semana Santa están exceptuadas de esas restricciones. La confusión que están tratando de aprovechar los funcionarios, es la que se dio al momento en el que el Pleno del Consejo General del INE prohibió que los portales de los entes públicos en internet difundieran logros de gobierno, o que hicieran referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada.
Esa fue razón suficiente para que muchos retiraran de sus portales información que es fundamental para la ciudadanía, como información de nóminas, de convocatorias o de contratos.
Bien lo dijo Ximena Puente de la Mora: Ésta es una gran oportunidad para que todos los mexicanos podamos estar mejor informados.
“Estamos muy interesados, como IFAI, en que la transparencia empiece en casa y en fortalecer también nuestra rendición de cuentas hacia la sociedad. Creemos que esta Ley General de Transparencia es una herramienta fundamental para que la ciudadanía pueda estar mejor informada y, sobre todo, darle mejor seguimiento a las autoridades”.
Eso es lo que les mete ruidos a los servidores públicos.
Ni modo. Se tendrán que hacer a la idea de que ya no pueden hacer lo que les plazca, como se les antoje, sin que tengan que pagar las consecuencias.