Punto de Vista

El exhorto priista

Decía Willy Brandt, aquel que fuera canciller de Alemania Occidental a principios de los años 70, en el siglo pasado: “Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”.

La semana pasada llamó la atención -y generó comentarios a favor y en contra- la primera acción conjunta de la bancada priista veracruzana en San Lázaro. Citaron a conferencia de prensa para dar a conocer un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) para que “a la brevedad posible” resuelva las investigaciones que existen contra Miguel Ángel Yunes Linares, acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y enriquecimiento ilícito.

Alberto Silva Ramos, en representación de los legisladores priistas y del Partido Verde, dio lectura al documento y explicó que la petición se refiere a la denuncia presentada, el 23 de abril del presente año y en la que se señala que Yunes Linares incurrió en un desvío de recursos de 169 millones de pesos cuando se desempeñó como director del ISSSTE.

Las reacciones han sido polarizadas.

Hay los que festejan que no se dejen pasar este tipo de anomalías, opinan que se debe exigir el castigo contra el legislador panista (que sigue sin rendir protesta), pero los hay también quienes descalifican la petición, por considerar que se trata de la prolongación del legendario pleito entre Yunes Linares y Fidel Herrera, además de que señalan que existen otras investigaciones atoradas en la PGR, como las que habría presentado la Auditoría Superior de la Federación contra exfuncionarios de Veracruz, que también tendrían que ser resueltas.

Lo cierto es que una cosa no altera a la otra. Es cierto que no es la única investigación que ya debería concluir la PGR, pero también es cierto que ésta no se puede quedar en el limbo, en espera de que las otras se resuelvan.

La ofensiva contra Miguel Ángel Yunes Linares –a quien se le asignó la coordinación de la mini bancada panista de Veracruz- incluye un plantón permanente de militantes de la organización de Los 400 Pueblos, con desnudos incluidos, frente al recinto de San Lázaro.

El exhorto ya se hizo y la PGR respondió solicitando a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre la evolución del patrimonio de Miguel Ángel Yunes Linares durante el periodo que se desempeñó como Director del ISSSTE.

Por lo pronto, los legisladores veracruzanos, sin importar sus siglas, deberán concentrarse en la atención de los temas que el propio Congreso federal tiene sin atender, como el Mando Único de la policía estatal; la intervención en municipios en casos de infiltración del crimen organizado, la designación del fiscal Anticorrupción o la transformación de la propia PGR en Fiscalía General de la República.

También están pendientes iniciativas en materia de transparencia, para una nueva Ley General de Obras Públicas, sobre la propaganda del gobierno; reformas en materia de Pensión Universal y Seguro de Desempleo, y la tan demandada eliminación del fuero.

Esta semana se tendrá que definir la distribución de las comisiones legislativas. Se sabe que el PAN pretende conservar la presidencia de 13 comisiones, y tienen especial interés en las de Seguridad Pública y Hacienda. El PRD busca encabezar 11 comisiones, entre las que destacan Puntos Constitucionales y la de Vigilancia.

El PRI estará al frente de al menos 24 comisiones, muchas de ellas de especial relevancia. Se sabe que de Veracruz Alberto Silva ya aseguró la presidencia de una, aunque podría haber más, principalmente entre las mujeres, luego de que el Partido Nueva Alianza entregara una petición a la Junta de Coordinación política para que se aplique la paridad de género en la integración de las comisiones.

Hay mucho trabajo en la agenda de los nuevos legisladores.

Nuestros representantes no pueden perder de vista que lo urgente no debe desplazar a lo importante.

Bien se dijo que el panorama político cambiaría a partir del primero de septiembre.

Ya se está viendo.