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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril del 2016.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y 50 organizaciones civiles más rechazaron que los militares involucrados en un video donde torturan a una mujer indígena en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, estén sujetos a proceso penal en el fuero de guerra y no ante un juez civil federal.
Según información de Quadratín México, en un comunicado conjunto, demandaron que la situación de revierta y adujeron que los actos de tortura, de acuerdo a la legislación nacional, deben ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles.
«Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia».
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