PRD en San Lázaro pide a Veracruz informe sobre caso Moisés

MÉXICO, DF, 25 de enero de 2015.- Los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión pidieron a la procuraduría veracruzana que informe de manera clara y oportuna el estado que guarda la investigación sobre la desaparición del reportero y activista Moisés Sánchez Cerezo.

Pese a que desde 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y que se creara en la entidad la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, las agresiones hacia los comunicadores no ha cesado y en su gran mayoría no han sido esclarecidos.

El diputado del PRD Uriel Flores Aguayo criticó que ante este clima de violencia la actuación del Gobierno federal ha sido ineficaz e insuficiente, lo cual tiene como consecuencia la impunidad con la que actúan los criminales en ese estado y el clima de miedo para ejercer dicha profesión.

El periodista Moisés Sánchez Cerezo escribía para el semanario La Unión, medio de comunicación de su propiedad, distribuido en las congregaciones pertenecientes al municipio de Medellín, en la entidad jarocha.

El también activista vecinal en diversas colonias donde se agrupan guardias de seguridad y vecinos vigilantes, fue presuntamente levantado el pasado 2 de enero.

Según familiares de Sánchez Cerezo denunciaron que tres vehículos llegaron al domicilio del agraviado al filo de las 19:30 horas y de ellos descendieron hombres fuertemente armados que por la fuerza se llevaron al fotorreportero, así como instrumentos de trabajo como computadora, cámara fotográfica y aparatos celulares.

“Hace poco le habrían advertido que si no le bajaba, le darían un susto”, denunciaron familiares ante los medios de comunicación locales y nacionales.

De acuerdo con la organización Internacional Artículo 19, Veracruz ha sido declarada como la región más peligrosa para ejercer el periodismo en México y en América Latina.

De igual manera, Reporteros Sin Fronteras lo catalogó como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, con al menos 15 comunicadores asesinados y otros cuatro desaparecidos desde el 2000.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz señaló que los ataques en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en cualquier parte del mundo y en particular en México, adoptan diversas formas de represión que pretenden inhibir la libertad de pensamiento y la libre circulación de ideas, con ello la tolerancia, la diversidad y el Estado laico.

Apoyada en datos de Artículo 19, la perredista recordó que en México la violencia contra la prensa es cosa cotidiana. Hasta finales de septiembre del año pasado se documentaron más de 222 agresiones a la prensa mexicana, 94 fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, 3 asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación.

Además mencionó, en octubre, una usuaria de redes sociales en Tamaulipas, María del Rosario Fuentes y un comunero de Sinaloa que tenía un programa de radio, Atilano Román Tirado, fueron asesinados. Aunado al caso más recientemente de Moisés Sánchez Cerezo.

“Todos los datos anteriores permiten contrastar que mientras se asesina en Francia a 20 personas, con motivo de la libertad de expresión, en México cotidianamente se asesina a periodistas por ejercer ese elemental derecho constitucional y humano, y el Gobierno federal poco o nada ha hecho para salvaguardar la vida de nuestros comunicadores y enjuiciar a todos aquellos que atenten contra su ejercicio”, reprendió Aleida Alavez.

“La impunidad es el peor mensaje que se le puede dar al crimen organizado y a los funcionarios corruptos, y con estas agresiones se priva a la sociedad de una fuente de información y provoca un efecto inhibidor en el trabajo de la prensa”, agregó.

Reprobó que el presidente Enrique Peña Nieto haya enviado a un alto funcionario de su gabinete a París para representarlo durante la histórica manifestación francesa, mientras que en México no ha hecho nada por los comunicadores.

“Estamos convencidos que contribuiría más en favor de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información si la Procuraduría General de la República hiciera más eficazmente su trabajo, deteniendo y enjuiciando a los asesinos de los periodistas en el país”, manifestó.

Pidió al Congreso de la Unión hacerse cargo que este ejercicio conlleva a dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.