Ordena INAI a PGR entregar información sobre intervenciones telefónicas

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versiones públicas de las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas, de líneas fijas o móviles, presentadas entre el 1 de enero de 2009 y el 6 de enero de 2016.

En un comunicado, el INAI informó que la PGR respondió a la solicitud de un particular que en dicho periodo obtuvo autorización de mil 167 órdenes de intervención por los Jueces Federales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones Privadas.

Sin embargo, la dependencia no entregó el total de solicitudes, las concedidas y negadas, fecha de solicitud, ante qué autoridad se presentó y si se trató de línea fija o móvil.

El comisionado ponente, Joel Salas Suárez, afirmó que “la información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”.

Refirió que está a debate público la propuesta de la Ley 3 de 3, que incluye la realización de intervenciones telefónicas a funcionarios por sospechas de corrupción; y recordó el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para solicitar información de usuarios a las empresas de comunicación sin previa autorización judicial.

Asimismo, señaló las reformas a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado, que posibilitan a autoridades judiciales militares a realizar cateos e intervenciones telefónicas sin consultar a las autoridades penales civiles, respecto a lo cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que podría facilitar violaciones a derechos humanos.

Salas Suárez subrayó la importancia del recurso de revisión porque “la información pública es la base para sostener un debate propositivo para construir marcos normativos que establezcan competencia y procedimientos claros… Puede ayudar a que entre todos, autoridades y ciudadanos, contribuyamos a tener un México inclusivo, justo y seguro”.