J Balvin, Marshmello, Armin van Buuren y Julión, en el FIG de León
XALAPA, Ver., 18 de mayo de 2015.- Las omisiones del Estado permiten a niñas y niños reproducir violencia extrema, acusó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Mediante un comunicado, la asociación civil explicó que hechos como los sucedidos en Chihuahua, donde un grupo de adolescentes asesinó a un menor de seis años, argumentando que “jugaban al secuestro”, se dan como una expresión de la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado, lo cual ha afectado de forma evidente a niñas, niños y adolescentes.
Luego de unirse a la pena que embarga a la familia de la víctima, acusó que los miles de homicidios, personas desaparecidas y crímenes impunes no han tenido una explicación oficial para los cerca de 40 millones de niñas niños y adolescentes en el país, lo que ha hecho que cada familia y comunidad busque darles una respuesta u ocultarles la realidad, lo que evidentemente no ha tenido éxito.
Consideró que lo anterior es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz de parte del Estado.
“Recordamos que en marzo de 2011, el Comité de Derechos del Niño de la ONU emitió recomendaciones que a la fecha no han sido atendidas por el Estado mexicano y que permitirían a niñas y niños reelaborar psicológicamente los delitos que les son cercanos, la violencia extrema y la creciente presencia del crimen organizado”.
La Redim invitó a evitar el uso político del caso, tener un manejo ético del mismo y proteger la identidad de las víctimas y familiares, pues si bien es un caso grave, no es generalizado y, sobre todo, es posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos.
“Debemos recordar que hasta hace unos años Chihuahua representaba el estado con mayor índice de violencia. De acuerdo con datos oficiales en 2010, la tasa de mortalidad por homicidio en la población en adolescentes de 15 a 17 años se colocó en las 130 muertes por cada 100 mil habitante casi 10 veces mayor a la media nacional”.
Recordó además que, en 2013, 10 estados presentaron una tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años mayor que la media nacional, casi todos ubicados en la zona norte del país.
Chihuahua tuvo un descenso en esta tasa de 2012 a 2013, cuando pasó de 55.7 a 33.3 (por cada 100 mil habitantes), ocupando segundo lugar después del Estado de Guerrero. Respecto a las niñas y niños de primera infancia en 2012, la tasa de mortalidad por homicidio fue de 4.1 (por cada cien mil habitantes).
Frente a este contexto, la Redim consideró que el caso debe ser un llamado de atención al Estado mexicano para que se consideren medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado, donde la violencia extrema es cotidiana.
“Es necesario realizar una fuerte inversión (no militar, ni policíaca) en la construcción de entornos seguros y comunidades resilientes. Es decir, desarrollar espacios de participación y escucha donde, a través de metodologías apropiadas, ellas y ellos puedan reelaborar positivamente lo que sucede en su entorno.”
Asimismo, en el comunicado realizó un llamado a las autoridades para garantizar el acceso a la justicia a la familia del pequeño Cristopher, realizar la reparación del daño y evitar respuestas criminalizantes contra las y los adolescentes.
Propuso evaluar los protocolos de atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, el cual no logró detectar factores de riesgo, y ofrecer adecuado tratamiento preventivo a uno de los adolescentes de 15 años implicado es estos hechos.
“Consideramos importante que las autoridades locales den a conocer información clara sobre los procesos judiciales y de tratamiento que vivirán los adolescentes para evitar la idea que serán impunes de este homicidio”.