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MÉXICO, DF, 12 de septiembre de 2015.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aceptó el ofrecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fungir como intermediarios con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, para quienes presentará un proyecto de reparación, informó el comisionado presidente, Jaime Rochín del Rincón.
Mediante un comunicado, se explicó que en una reunión con Carlos Beristain, miembro del GIEI, en la que estuvieron presentes los comisionados Julio Hernández Barros y Adrián Franco Zevada, Jaime Rochín dijo a nombre de la CEAV que las observaciones contenidas en el informe presentado sobre el Caso Ayotzinapa, “son fundamentales para hacer cumplir los derechos de acceso a la verdad y la justicia para las víctimas”.
Explicó que uno de los temas centrales de la reunión con el Carlos Beristain, fue que la CEAV está lista para iniciar el proceso de reparación a las familias de los fallecidos en el caso.
“La Comisión es sensible y está de acuerdo con poder presentar el proyecto para un Plan de Reparación primeramente a las familias y avanzarlo a su tiempo (…) La reparación es un derecho, no una dádiva del Gobierno, y no implica en ningún momento que nadie abandone sus luchas ni renuncie a derechos como el de la verdad y la justicia”.
Por su parte, el comisionado Hernández Barros, designado por el Pleno de la CEAV para atender este tema, señaló que ya se presentó ante ese órgano la estrategia de atención integral a víctimas de Ayotzinapa, que pretende garantizar los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas.
En esta reunión de trabajo, el GIEI y la CEAV acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para este tema.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es un organismo público descentralizado del Gobierno de la República, que fue creado por Decreto Presidencial en enero de 2014.
La CEAV es una institución dedicada a atender a todas las personas que han sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, con el fin de apoyarlas a recuperar su proyecto de vida y a ejercer sus derechos.