El pueblo es el nuevo jefe y vamos a defenderlo: Javier Velázquez
ORIZABA, Ver., 21 de mayo de 2016.- Debido a su falta de competencia o atribuciones legales para llevarla a cabo y diversas irregularidades en su desarrollo, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) anuló la consulta popular que realizó el Ayuntamiento de Orizaba los días 13, 14 y 15 de marzo, en la que se decidiría si los comerciantes de Ixhuatlancillo seguirían o no vendiendo sus productos artesanales en el centro histórico de la ciudad.
Así lo determinaron los magistrados al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, JDC 74/2016, promovido por Erick Edu Cruz Rosas y otros, que se definieron como indígenas, en contra del procedimiento plebiscitario denominado “Orizaba decide Sí/No al ambulantaje”, promovido por la alcaldía de ese municipio.
Los togados, por unanimidad, resolvieron que si bien el Ayuntamiento de Orizaba, es competente para iniciar la consulta popular, no lo es para organizarlo, desarrollarlo y vigilarlo, ni tampoco para declarar su validez, porque esto conforme a la legislación aplicable, le corresponden al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.
Los actores señalaron en su inconformidad, que en el procedimiento no se respetaron los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, transparencia y publicidad, además de que a su juicio, no existió certeza sobre quiénes fungieron como integrantes de las mesas directivas o quiénes recibieron la votación.
Añadieron también que desconocen quién realizó el escrutinio y cómputo, y finalmente, consideraron que el Ayuntamiento de Orizaba, carece de atribuciones para declarar la validez del procedimiento.
Por ello, los integrantes del organismo jurisdiccional veracruzano les dieron la razón, al especificar que los representantes de dicha alcaldía fueron omisos en remitir el documento en el cual constara la declaración de validez.
“Enviaron una constancia que carece totalmente de fundamentos constitucionales, legales o reglamentarios, aunado a ello, el ayuntamiento omitió notificar o publicitar los resultados. Tales omisiones revelan la falta de competencia y además que los interesados no estuvieron en posibilidad de conocer con anticipación dicho acto y por ende, no estuvieron en aptitud de controvertirla”, se lee en el resolutivo.
Estas irregularidades, añaden, ponen en evidencia una franca violación al principio constitucional de legalidad, el cual implica que los poderes o autoridades estatales deben delimitar su actuación al marco jurídico vigente.
“En otras palabras, es nulo todo acto que no sea acorde con la ley, ya que según se advierte de los artículos 14 y 16 constitucionales, las autoridades no pueden hacer más allá de lo previsto expresamente en el texto de la ley”, puntualizan en la sentencia al declarar la nulidad del procedimiento de plebiscito o consulta popular, sin que se pueda celebrar en este o cualquier año en el que se desarrollen procesos electorales.
Asimismo se ordenó informar al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas de Veracruz, sobre el dictado y contenido del presente asunto, para los efectos correspondientes y aplicar una multa de 50 días de salario mínimo a los ediles del cabildo orizabeño, misma que deberá ser cobrada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Ediles, dispuestos a subsanar multa
Tras conocer el fallo de TEV, sobre la orden de nulidad a la Consulta Ciudadana realizada por el ayuntamiento de Orizaba, luego del conflicto con vendedores ambulantes, y la imposición de una multa de 50 salarios mínimos a cada edil, el síndico Enrique Hernández Olivares dijo que como autoridades municipales, él y el resto del cabildo cumplirán con lo establecido en la ley.
“No va a pasar nada, creo que este ayuntamiento ha sido muy respetuoso de las leyes, y si el tribunal ya emitió un dictamen y emitió una multa de 50 salarios mínimos, pues nosotros como ediles orizabeños seremos los primeros en dar cumplimiento a lo que establece la ley”.
Sin embargo, dijo que la Consulta Ciudadana se realizó con el objetivo de convencer de manera pacífica a los comerciantes ambulantes de su retiro del primer cuadro de la ciudad, pues existe un reglamento municipal de mercados y comercio, por lo que simplemente se debió haber aplicado, para definir dónde se puede vender y dónde no.
Comentó que ante la situación que se fue presentando entre el ayuntamiento de Orizaba y los vendedores indígenas, el alcalde Juan Manuel Diez Francos quiso que lo aconsejara alguien para tomar una decisión y fue por ello que se consultó la opinión de los orizabeños, quienes se expresaron a través de su participación en la Consulta Ciudadana, para que no se permitiera el ambulantaje en la ciudad.
Agregó que la reciente instalación del Mercado de las Artesanías representa un gran apoyo para el comercio informal de la ciudad, por lo que no es posible que se diga que no hay espacios para vender en Orizaba, pues incluso, el dinero de los orizabeños ha servido para dar una oportunidad a comerciantes de otros municipios de la región.
“La consulta no costó mucho dinero, pero se hizo para darle satisfacción a los comerciantes que merecen respeto, pero si queremos que la ley se cumpla, tenemos que cumplir lo que establece la ley y es el caso del reglamento de mercados”.
Finalmente, opinó a título personal que no es necesario realizar una segunda consulta, como tampoco lo era en la primera ocasión, pues insistió en que basta con aplicar la reglamentación municipal de comercio, que también debe ser respetada por los ciudadanos.