Niega Suprema Corte amparos a maestros; avala reforma educativa

MÉXICO, DF, 29 de junio de 2015.- Al resolver por unanimidad los primeros cuatro de un total de 26 amparos colectivos interpuestos por maestros en activo en contra de la Reforma Educativa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico, en los impugnados artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la misma legislación federal, en los que se detallan las reglas de la evaluación para la permanencia en el servicio docente, por lo que se perfila por desechar los demás amparos promovidos.

Con lo anterior, el pleno le asestó un duro revés al magisterio disidente, al considerar que la permanencia en el servicio público magisterial dependerá de que los maestros aprueben las evaluaciones y acudan a los cursos de actualización periódicos, además de que consideraron que el paquete de leyes secundarias en materia educativa no se contraponen con sus derechos laborales plasmados en el artículo 123 Constitucional.

Además, los ministros determinaron que las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Educación; el decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, y el decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, no se contraponen con sus conquistas laborales, pues la Constitución establece, en su artículo 4, el interés superior de los niños por contar con una educación de calidad, ya sea pública o privada.

El pleno de la SCJN consideró también que la Ley General del Servicio Profesional Docente, no violan el derecho de audiencia previa ni tampoco violan sus conquistas laborales, pues la reforma constitucional a la educación detalla con claridad las reglas de evaluación para la permanencia en el servicio docente.

Nuevamente por unanimidad, los ministros establecieron que las reformas constitucionales y en las leyes secundarias de educación, establecen nuevas reglas para la permanencia en el servicio activo docente y de ninguna manera modifican los derechos alcanzados, pues su permanencia en el servicio público dependerá de las diversas reglas que se establecieron para implementar la evaluación.

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