México, segundo lugar en violación a derechos de comunidad lésbico-gay

MÉXICO, DF, 3 de enero de 2015.- México ocupa el segundo lugar en América Latina en casos de violación a los derechos humanos y delitos cometidos en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti y transgénero, informó la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD).

En un comunicado, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión indicó que de 1995 a 2006 se presentaron 420 homicidios por homofobia, de acuerdo con el Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2010.

Además, de acuerdo con el diagnóstico de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país, la población lésbico-gay ha incrementado en México su visibilidad, pero enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en donde la intolerancia se presenta como un estigma.

La legisladora dijo que entre las observaciones emitidas por este organismo, destaca que el país cuenta con una legislación en el ámbito local que penaliza la homosexualidad indirectamente, a través de figuras como faltas a la moral, atentados al pudor o exhibiciones obscenas, que dan pie a ciertos abusos por parte de algunos miembros de cuerpos de seguridad.

Este informe también menciona que según datos de la Encuesta Nacional de Valores Ciudadanos y Cultura de la Democracia en México, la mayoría de las personas no estaría dispuesta a vivir con un homosexual en la misma casa, por temor a perder amigos, familia, trabajo o vivienda, o por miedo a la exclusión que mantiene en silencio a la gran mayoría de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual.

Luna Porquillo explicó que ante este panorama, es necesario reformar el artículo 1 de la Constitución Política para prohibir toda discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad o expresión de género; actualmente, precisó, sólo se contempla el término de preferencia sexual.

El término orientación sexual atiende la solicitud de la comunidad lésbico-gay, en virtud de que este concepto define quiénes son y no sólo qué prefirieron ser, expuso la diputada.

Subrayó que con esta modificación se lograría reafirmar en nuestra Carta Magna el principio de no discriminación, el cual exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, y armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos más avanzados, como lo mandata la reforma constitucional del 2011.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, establece que la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de la igualdad, de los derechos y libertades”.

La diputada dijo que “entre las violaciones a las que se encuentra expuesta la comunidad lésbico-gay están la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos”, concluyó.