México reconoce crisis en materia de tortura con creación de fiscalía

XALAPA, Ver., 27 de octubre de 2015.- La creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura responde a las exigencias y recomendaciones de instancias internacionales sobre estos casos y a las víctimas que no tenían un mecanismo específico para acceder a la justicia, indicó el especialista en esta área, Edgar Gómez Jaimes.

Entrevistado en Conexión Veracruz, agregó que el tema de la tortura en México se volvió de nueva cuenta relevante con el anuncio de la creación de dicha Unidad Especializada por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque acentuó: “ya veremos cómo opera, pero es un buen inicio para intentar combatir la impunidad y la corrupción en estas investigaciones”.

Insistió que la creación del nuevo organismo implica que el gobierno de la República toma medidas específicas para investigar estos hechos, incluso tomó recursos para diseñar esta área específica, “ya veremos cómo se materializa operativamente”.

Al respecto, recordó que hace unos meses estuvo el México el Relator Especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, y entre sus conclusiones planteaba que había un uso sistemático de ésta en casos que tienen que ver con investigación de delitos.

En este sentido, dijo que también hubo recomendaciones directas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema de la tortura, además de voces legítimas como Amnistía Internacional (AI), quien plantea que desde 2011 México entró a un proceso fuerte de temas relacionados con este delito, recrudeciéndose con la guerra contra las drogas.

Indicó que también hay toda una petición a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a quien se le expusieron temas registrados en Baja California y se le planteó el uso sistemático de la tortura en México.

Consideró que en el país el déficit registrado en el tema no corresponde al diseño normativo; al respecto, puso énfasis en que tanto usuarios como operadores del sistema de justicia deberían responder a las exigencias de la ley en la materia para combatir la tortura.