México, el segundo país con más impunidad dentro de la ONU

XALAPA, Ver., 21 de abril de 2015.- México ocupa el segundo lugar en corrupción de los 59 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y es seguido por Turquía, Colombia y Rusia, de acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).

En el estudio, realizado por primera vez, se concluye que la práctica de la corrupción de los mexicanos no forma parte de una cultura popular, sino de la existencia de las garantías de impunidad. “Se dan cuenta de que la estructura del sistema de gobierno está creando condiciones que les permiten salir impunes”, advirtió Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap).

De acuerdo con el portal de El Economista, el IGI 2015 destaca que 46% de la población de los centros de readaptación social (Ceresos) en México no cuenta con una sentencia judicial, lo que evidencia la deficiencia del sistema de justicia.

De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales requieren “optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”.

De acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en Méxic, elaborado por un grupo de 12 organizaciones sociales, 94.1% de los congresos tiene una oficina ciudadana para atender temas de acceso a la información, y 85.3% publica en su web la dirección de sus oficinas de enlace.

Sin embargo, sólo 70.6% de los congresos tiene procedimientos o mecanismos para que los usuarios realicen solicitudes de información, por ejemplo, la plataforma Infomex.

Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia de Fundar —una de las organizaciones que participó en la elaboración del documento—, explicó que tanto los congresos estatales como el Congreso de la Unión han presentado un desarrollo desigual en materia de transparencia y que los resultados del análisis arrojan un cumplimiento bajo.

El diagnóstico está basado en información obtenida de 32 congresos estatales, el Senado y la Cámara de Diputados sobre los principios de parlamento abierto. Para el rubro de derecho a la información fueron consideradas cinco variables que debían cumplir los congresos: si es sujeto obligado (lo son 100%); si tiene una unidad de enlace (94.1% lo tiene); si se publica en la web la dirección de dicha oficina (85.3%) y si tiene mecanismos para realizar solicitudes de información (70.6%).

El principio de derecho a la información de las 34 instituciones legislativas tiene 84.1% de cumplimiento, informa el estudio.

El estudio recuerda que desde 2002 el Congreso es sujeto obligado de la ley de transparencia, pero la legislación se ha enfocado al cumplimiento por parte del gobierno federal.

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