Llama Redim a investigar red de tráfico de niños en Sonora

XALAPA, Ver., 28 de agosto de 2015.-El tráfico de niños denunciado en el estado de Sonora da cuenta de los vacíos institucionales para el seguimiento y supervisión en dependencias públicas y organizaciones privadas que participan de los procesos de adopción en México, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Mediante un comunicado el director ejecutivo, Juan Martín Pérez García, recordó que al menos nueve niños fueron entregados por funcionarios a cambio de dinero, lo cual tiene que ser investigado en toda la cadena de responsabilidades no sólo dentro del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sino además del Hospital y el Registro Civil.

Aseveró que para la Redim es indispensable que ante los hechos ocurridos en Sonora, se pondere el interés superior de la niñez (Artículo cuarto Constitucional) y el derecho a vivir en familia, a través de la revisión de cada caso de forma individual y definir sí los niños pueden o no quedarse con la familia adoptiva. En este sentido, consideró que es necesario reconocer que las familias adoptivas también son víctimas de las condiciones de irregularidad que imperan en los procesos de adopción, lo que no les exime de responsabilidad penal.

Hasta este viernes se encuentran detenidas 16 personas vinculadas a las familias adoptantes; sin embargo, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y el abogado José Manuel Hernández López se encuentran prófugos.

El estado mexicano y las autoridades de Sonora tienen que romper con la práctica institucional de separar a los niños y niñas de sus madres por condiciones de pobreza, vulnerabilidad o adicciones, ofreciendo en todos los casos acceso a programas públicos de salud e inclusión social que les ayuden a brindar un espacio de seguridad y bienestar a sus bebés.

“Este caso paradigmático debe marcar un hito que llame a la urgencia de contar con un Sistema Nacional de Adopciones dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes que permita saber con exactitud cuánto niños se encuentran institucionalizados, sus condiciones de vida y en cuáles casos la adopción es una alternativa para garantizar el derecho del niño a vivir en familia”.

En este contexto, recordamos las recomendaciones (CRC/C/MEX/CO/4-5) emitidas el 8 de junio del presente por el Comité de los Derechos del Niño sobre los procesos de adopción en México:

«El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños (Resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo) y, en particular:

(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados de sus familias por razones de pobreza o financieras;

(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares;

(c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen en instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la infancia, y en especial sobre las necesidades de niñas y niños privados de un entorno familiar;

(d) Recopilar datos sobre y garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas y niños en hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de recursos suficientes a las oficinas de protección a nivel federal y estatal y la creación del Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la LGDNNA;

(e) Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las instituciones de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas”.

Agregó que, por lo anterior, desde la Redim llamamos a investigar de forma profunda e inmediata toda la red de corrupción implicada, a fin de evitar la repetición de estos acontecimientos e identificar a funcionarias o funcionarios en toda la cadena de responsabilidades del DIF, el Hospital y el Registro Civil de manera que se pueda ejercer la justicia restaurativa e impedir que este caso quede impune.

Además, determinar con base en el interés superior del niño la situación de cada una de las víctimas infantiles, a fin de que no sean revictimizados toda vea que ya han sido separados de sus familias y garantizar las medidas de no repetición y reparación del daño.

Sumó que se debe brindar apoyo psicológico a las víctimas, tanto las madres biológicas como a las familias adoptivas víctimas del sistema de corrupción; atender puntualmente las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño en la materia; contar con un Sistema Nacional de Adopciones en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.