Ratifica TEPJF triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco
MÉXICO, DF, 18 de agosto de 2015.- Cuando existe un prejuicio en determinado caso, como el del multihomicidio de la colonia Narvarte, del que culpan al gobernador de Veracruz, la gente quiere que la información que se dé vaya de acuerdo con el linchamiento popular, y ahora ningún dato que no lo incrimine vale, lo que es una locura, porque ya no estamos respetando el derecho y la obligación de las autoridades a ir al fondo de la verdad, explicó Diego Fernández de Cevallos.
En entrevista para Milenio subrayó que con esto lo que se está haciendo es deformar la justicia, linchando y queriendo que la autoridad favorezca el linchamiento.
Destacó que las autoridades deben dar resultados y decir menos, pues en términos de ley, razón y bien común, toda indagatoria debe manejarse bajo reserva, porque de lo contrario se come un delito.
Dijo que en primer lugar se debe tomar en cuenta el respeto a las víctimas, así como el respeto a los derechos humanos de los indiciados, además de considerar que la fuga de información entorpece las averiguaciones.
Explicó que “como los ciudadanos no tienen con fianza en las autoridades, están exigiendo al Ministerio Público y juzgadores que informen con santo y seña lo que están haciendo. Los periodistas quieren que la autoridad paso a paso vaya informando sobre las investigaciones, pero pueden buscar la noticia en otras fuentes, no sólo en el expediente criminal”.
Fernández de Cevallos acentuó que las autoridades deben respetar lo que dicta el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice que las averiguaciones deben ser estrictamente confidenciales, así como “el Código Penal en el 225, que dice que funcionario que trastoque este principio se debe ir a la cárcel”.
Aseguró que con la fuga de información lo que se está haciendo es favorecer a los criminales, porque saben por dónde y cómo van las indagatorias, cuáles son las líneas de investigación.