Ley mordaza en Sinaloa; prohíben a reporteros cubrir nota roja

SINALOA, 1 agosto 2014.- El pleno del Congreso de Sinaloa aprobó, en sesión extraordinaria realizada el miércoles, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que prohíben a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se hayan cometido delitos, así como tomar videos, audio o fotos a involucrados.

Los cambios, propuestos por el gobernador Mario López Valdez, señalan que los periodistas sólo podrán recibir boletines emitidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública y autorizados por el titular de la PGJE, siempre que se cumplan los requisitos marcados por las leyes de transparencia, dice el artículo 51 bis, según información de Diario Presente.

Agrega que en ningún caso se autorizará a los reporteros manejar u obtener por cuenta propia información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

Otro apartado del artículo citado señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar a los medios información sobre hechos delictivos sin autorización del procurador. Sólo la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, y el imputado, por medio de su defensor, podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de ésta, se acotó.

La iniciativa fue enviada hace dos semanas por el gobernador. El martes los legisladores le dieron lectura y el miércoles la aprobaron por unanimidad, sin un solo cuestionamiento. Las modificaciones, se dijo, buscan adecuar la ley local a las nuevas disposiciones penales federales.

El artículo aprobado dice textualmente: “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.

“En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

“Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del procurador general de Justicia o la unidad de acceso.

Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.

En conferencia de prensa ayer en Culiacán, Norma Sánchez y Gabriel Mercado, dirigentes de las organizaciones ciudadanas Iniciativa Sinaloa y Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, respectivamente, condenaron los cambios a la Ley Orgánica de la PGJE y advirtieron que son un peligroso retroceso cuyo objetivo es limitar la cobertura periodística y el acceso a la información. También, advirtieron, favorece la impunidad y la opacidad que prevalecen en la procuración de justicia. Sólo la acción ciudadana puede meter reversa a estas decisiones, dijo Sánchez.

Mercado manifestó que las reformas ponen en riesgo a los periodistas, quienes podrán ser detenidos si toman fotos o videos de un hecho delictivo, e impide que los policías sean puestos en evidencia si alteran la escena de un crimen o cometen otras irregularidades.

¿Se puede criminalizar el trabajo periodístico?

Hay un riesgo muy alto. La intención clara del Estado es que sólo su voz se escuche y vea, mediante boletines dijo Mercado.

El diputado local priísta Felipe Garzón López consideró que deben respetarse el derecho a la información y la libertad de expresión, por lo que se revisará la reforma, previa consulta con asociaciones de periodistas, a las que no se tomó en cuenta.

La 61 Legislatura de Sinaloa aprobó además el dictamen de la Ley de atención y protección a víctimas, obliga a las autoridades estatales y municipales, al igual que a sus dependencias y entidades, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las los afectados por un delito y les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral.