Ley sobre desaparición forzada debe ser incluyente: especialista

XALAPA, Ver., 25 de agosto de 2015.- Las organizaciones sociales no gubernamentales (ONG) ven con incertidumbre la consolidación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, tal y como lo ha diseñado el estado mexicano, ya que no recoge la aportación de distintos colectivos de víctimas que reclaman responsabilidades contra quienes la cometen, ya sea por participación o por omisión, consideró el investigador honorario del Centro para el Desarrollo para la Justicia Internacional, Edgar Gómez Jaimes.

En entrevista para Conexión Veracruz, aseveró que el gobierno mexicano está frente a una prueba fundamental para dar resultados a las familias de las víctimas que buscan acabar con la impunidad y dar con los responsables que contribuyeron en la desaparición y posterior privación de la vida de sus seres queridos.

“Hay casos documentados donde participan grupos delincuenciales en la desaparición de personas, pero la gravedad también es en la investigación que se inicia y en muchos de los cuales no se procesa ni se investiga, cayendo en una clara omisión de parte de la autoridad correspondiente”.

Para él, resulta sospechoso que se quiera actuar desde una norma y no de una realidad, lo cual ha sido plasmado a través de encuentros sostenidos entre miembros del Senado de la República y organizaciones civiles.

“Esta ley tiene como reto acotar las responsabilidades de quienes participan en la desaparición de las personas y hasta de aquellos servidores públicos o especializados que tengan que hacer operativa la ley”.

El pasado 18 de agosto varias organizaciones y colectivos de víctimas plantearon desde la tribuna del Senado la construcción y abordaje de una ley que prevenga y sancione la desaparición forzada, “ahí se escucharon propuestas, testimonios de las víctimas y expertos con el fin de crear una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada y está pactado que para el 3 de septiembre se presente; sin embargo, las declaraciones de algunos colectivos y organizaciones civiles van en el sentido de que estas propuestas no quedaron plasmadas en tal documento”.

Gómez Jaimes agregó que “lo grave es que se trate de una simulación de parte del estado mexicano y que lo aportado se haga a un lado y se quede únicamente en la parte formal”.

Además, la responsabilidad de desaparición por parte de particulares debe quedar en este cuerpo y en la materialización de la reforma constitucional, dijo.

Planteó que muchos más aparte de la senadora Angélica de la Peña deberían sumarse y participar para que se refleje el sentir de la ciudadanía.