
Presenta Leonardo Amador plan Renace Poza Rica
XALAPA, Ver., 28 de enero de 2016.- La iniciativa que busca garantizar la vida desde la concepción, enviada al Congreso del Estado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin duda tendrá como consecuencia la criminalización de las mujeres que por alguna razón decidan interrumpir su embarazo, con penas de prisión de hasta 40 años o más, aseveró la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Legislativo, Martha Mendoza Parissi.
Consideró que dicha ley perjudicaría sobre todo a las féminas que no cuenten con los recursos para viajar a otra entidad para realizarse un legrado, por lo que indicó que en los próximos días hará llegar a los legisladores un documento con la exposición de motivos por los cuales una iniciativa de esta naturaleza no debe aprobarse ya que de hacerlo se les criminalizaría.
Recordó que la iniciativa menciona que con algunas excepciones se puede interrumpir el embarazo y que el Código Penal para El estado de Veracruz así lo establece.
Sin embargo, fuera de ello, cuando alguna quiera interrumpir su embarazo seguramente será sancionada o consignada no por aborto, sino por homicidio doloso y en grado de parentesco, que inmediatamente la privaría de su libertad y podría tener una pena de prisión de hasta 40 años o más.
Insistió que una iniciativa de esta índole criminalizaría a las mujeres de escasos recursos porque no podrán viajar a otras entidades a interrumpir el embarazo por un motivo diferente a los establecidos en el Código Penal para el estado de Veracruz como puede ser el tener en riesgo su trabajo; me parece que los diputados no analizaron que se verán obligadas a acudir a lugares clandestinos en donde pondrán en riesgo su vida”.
Refirió que, por ejemplo, el comité de la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres” señala en un documento que es de observación obligatoria para todos sus firmantes, entre ellos México, la recomendación de que no se debe legislar en esta materia.
“México también ha suscrito la Convención de Montevideo, en la que se aceptó que se debe legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la recomendación emanada de esa convención es que también se pueda legislar para que la interrupción legal del embaraza esté resguardada”, concluyó.