Involucran a Juan Bueno con Oceanografía

MÉXICO, DF., 2 de marzo de 2014.- Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, una de las principales proveedoras de Pemex, embargada por la PGR por fraude, tuvo las puertas abiertas de la paraestatal a través de una red de funcionarios panistas encabezada por César Nava.

Según información de Excelsior, el boom de la empresa comenzó en 2001 cuando el exsecretario presidencial se convirtió en el abogado general de Pemex. Está relacionado con un quebranto por 311 millones de dólares contra la paraestatal, por el caso Conproca.

Otros panistas como Mario Alberto Ávila Lizárraga —excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche—, Néstor García Reza y el diputado federal Juan Bueno Torio también han sido relacionados con irregularidades en las asignaciones de contratos de Pemex. Además de Oceanografía, se benefició a Cotemar, Diavaz y Fletera Continental de Líquidos —propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio—.

De acuerdo con García Reza, quien sustituyó a Nava como abogado general de Pemex, Oceanografía sí estaba inhabilitada. Pese a ello, obtuvo 12 contratos por más de tres mil 600 millones de pesos.

Red de complicidad en Pemex inició con Nava

César Nava Vázquez fue el panista que abrió el camino a una serie de irregularidades en Petróleos Mexicanos a partir de 2001, cuando el país iniciaba su primera transición, y que no fueron investigadas en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes llegaron a Los Pinos abanderados por Acción Nacional.

Nava Vázquez, quien en octubre de 2001, a los 27 años, asumió como abogado general de la paraestatal y estuvo ahí hasta octubre de 2003, creó una red de control de la empresa que manejó desde la secretaria particular de la Presidencia (2006-2009), e incluso durante los 17 meses que fue dirigente nacional del PAN (agosto de 2009 a diciembre de 2010).

Después de Nava —relacionado con un quebranto por 311 millones 200 mil dólares a las arcas de Pemex por el caso Conproca—, las autoridades federales iniciaron investigaciones por presuntos malos manejos contra otros panistas que trabajaron en Pemex, como Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, ligado a la familia Mouriño.

Ávila Lizárraga hizo mancuerna con Carlos Morales Gil —director de Pemex Exploración y Producción (PEP) desde 2004 hasta el pasado 7 de febrero cuando fue removido—, para la entrega de contratos millonarios a empresas como Cotemar, Diavaz y Oceanografía, que el vienes fue intervenida por la PGR.

Oceanografía estaba inhabilitada para obtener contratos del gobierno federal, pero la empresa de Amado Yáñez obtuvo en Campeche 12 contratos de Pemex por más de tres mil 600 millones de pesos. En la administración de Fox, Oceanografía obtuvo contratos de Pemex por nueve mil millones de pesos.

Néstor García Reza, quien sustituyó a Nava como abogado general de Pemex y duró ahí seis años, hasta que Nava dejó el PAN en 2010, acudió a la comisión instalada por el Legislativo para investigar a los hijos de Marta Sahagún y su relación con Oceanografía; ahí aceptó que en la recta final del mandato de Fox, Oceanografía estaba inhabilitada y aun así obtuvo los contratos 4182338602, 4182338612, 4182338662, 4182338672, 4182338682, 4182338692 y 4182338702 por 651 millones 388 mil 300 pesos para realizar servicios en la región marina suroeste.

El PRD en Campeche ha documentado una serie de contratos que Ávila Lizárraga, vía PEP, entregó a la empresa Representaciones y Distribuciones Evya SA, de los hermanos Luis, Roberto y Francisco Camargo Salinas, por siete mil millones de pesos.

En el ejercicio 2011, Ávila Lizárraga entregó a la familia Cámargo Salinas los siguientes contratos: el 23 de noviembre, el 428231840 por 252 millones 885 mil 776 pesos; el 12 de abril, el 428231802 por 434 millones 726 mil 314 pesos; el 15 de septiembre, el 428221919 por 97 millones 380 mil 963 pesos, y el 10 de junio, el 420901806 por 143 millones 58 mil 726 pesos.

Luis García, secretario del PRD en Campeche, dijo que la empresa de los Camargo Salinas fue beneficiada “junto con Oceanografía, de Amado Yáñez; Cotemar, de Mario Dávila y Cristina Lobo Morales, por funcionarios corruptos que les cobran el diezmo a cambio de licitaciones adjudicadas y ganadas”.

Después de García Reza, en la oficina del abogado general de Pemex, a finales del sexenio de Calderón, fue nombrado Marco Antonio de la Peña Sánchez, en funciones desde el 3 de marzo de 2011, es decir hace tres años.

De la Peña, que se ha encargado de los últimos litigios pendientes de Nava y García Reza, trabajó en Banobras en 2001, cuando Calderón lo dirigió, como subdirector de Consultoría Jurídica; luego fue director fiduciario.

Involucran a Juan Bueno Torio

En la lista de los panistas señalados o investigados por alguna irregularidad en el manejo de contratos de Pemex también está Juan Bueno Torio, hoy diputado federal.

Hay reportes en el Órgano de Control Interno de la paraestatal que investigó sobre la entrega de contratos sin licitación pública a la empresa Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio.

Otros contratos fueron entregados a Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, tío del diputado federal panista por Veracruz.

Transportadora y Distribuidora Isabel recibió en 2003 tres convenios: el GGT-0039-01/2003, GTT-039-01-PP/03 y el GGT-039-01-2PP/03, por cuatro millones y medio, a razón de millón y medio cada uno.

En 2004, la transportadora de Emilio Bueno tuvo dos convenios con Pemex Refinación, uno por un millón 800 mil pesos, con el número GTT-0039-02/2004, y el GTT-039-01-M04, por 334 mil pesos. En 2005 recibió el convenio GTT-039-CM/2005-2008, por siete millones 171 mil 977 pesos y también el GTT-039-01/2005, por un millón 860 mil pesos.

Se dieron contratos a Combor Transportes, propiedad de su hermana, Rosa Bueno Torio. En 2004, esta empresa recibió el convenio GTT-0333-01-2004 por 600 mil pesos; en 2005, el GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos y ese mismo año el GTT-0333-01/2005, por 720 mil pesos.

En la red de panistas que están siendo investigados por las autoridades también está José Antonio Gómez Urquiza, que en la LV legislatura fue diputado con Felipe Calderón y como subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación es señalado como responsable de autorizar pagos exprés de convenios y contratos de empresas afines.

En la lista también aparece Francisco Javier Fuentes Saldaña, gerente de Recursos Humanos de Pemex Refinación con Bueno Torio. Se le señala de haber usado recursos de Pemex para acrecentar la imagen de Bueno Torio en Veracruz, cuando intentó contender por esa gubernatura.

Socios vendían gasolina robada

Las líneas de investigación seguidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del fraude de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez Osuna, alcanzan a varios empresarios que ya estaban bajo la mira de las autoridades federales también por daño patrimonial en contra de Petróleos Mexicanos.

Es el caso de los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), los casinos Big-Bola y Caja Libertad Servicios Financieros, quienes además podrían ser socios de Oceanografía, gracias a su relación con Martín Díaz Álvarez.

Desde 2012, GGM es investigada por la PGR por vender gasolina extraída ilegalmente de ductos de Pemex, además de vender “litros” de 950 mililitros, lo que representa un doble fraude para la paraestatal.

Primero están las pérdidas generadas por la ordeña clandestina de gasolina, pues GGM no puede declarar las ganancias por dichas ventas, ya que Pemex detectaría ganancias mayores a las que debía registrar, puesto que es el único proveedor de la gasolina que expenden.

En segundo lugar cobran litros completos entregando sólo 95% de lo pagado. Es decir que las gasolinerías se quedan con 5% del producto en sus tanques, lo cual es un fraude tanto para los clientes como para el fisco, pues ese ingreso no es declarado.

Según la PGR, el producto de ambas actividades es lavado a través de los casinos Big Bola e, incluso, en la Caja Libertad, que dirige Martín Díaz Álvarez, responsable financiero y segundo accionista en importancia de Oceanografía.

Díaz Álvarez fue pieza clave para que los hermanos Rodríguez Borgio adquirieran la Caja Libertad, de ahí que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración.

Además hay indicios de que algunos de los 38 barcos que pertenecen a Oceanografía son de los hermanos Rodríguez Borgio y son alquilados a la empresa naviera, que a su vez le cobra a Pemex por la renta de los mismos.

Debido a lo anterior el 16 de diciembre del 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió de manera urgente y confidencial información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de todas las operaciones financieras y sospechosas de los tres empresarios.

Igualmente solicitó todos los antecedentes y registros al Departamento de Seguridad Interna, al Servicio de Aduanas e Inmigración, al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a Interpol y a la Embajada de EU, mientras que a la DEA le solicitó cualquier dato que los vinculara con algún grupo delictivo.

Las investigaciones en contra de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Álvarez, comenzaron en el 2012, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Querétaro desmanteló a un grupo delictivo dedicado a la ordeña de ductos en San Juan del Río y Huimilpan.

De acuerdo con señalamientos de algunos de los detenidos en esa ocasión, uno de sus principales clientes era GGM, que expendía la gasolina robada en unas 61 gasolineras. Días después y por tratarse de un delito federal, la PGR y la Policía Federal Ministerial irrumpieron con un cateo a las oficinas de GGM. Sin embargo aparentemente no pasó nada, incluso se dijo que la investigación se congeló, para reactivarse en diciembre pasado.

Tras el cateo y las imputaciones en su contra, grupo GGM vendió algunas de las gasolineras de Grupo Kamerum y Grupo Queroli, que son parte de GGM.

Madero, en un avión de Oceanografía

Al visitar Ciudad del Carmen, Campeche, en noviembre del año pasado, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, usó un avión propiedad de Oceanografía, hoy intervenida por la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con información publicada por medios locales, como el Diario Maya en su versión digital, el miércoles 13 de noviembre Madero se reunió con panistas en Carmen.

El portal de noticias citado hace un extrañamiento por el logo de Oceanografía que se alcanza a ver detrás de una militante no identificada, pues señala que esa empresa ha logrado importantes facturaciones con la paraestatal Pemex durante las pasadas administraciones panistas.

ACUSAN SOBORNOS

La esposa de Salvador Vega Casillas fue acusada de sobornar desde la Profeco a gasolinerías para apoyar al PAN:

Un grupo de empresarios de gasolinerías extorsionados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que sus bombas despachadoras no fueran verificadas denunció en mayo de 2011 que el dinero de los “convenios” que les entregaban era para las campañas del PAN.
En el documento que los gasolineros enviaron a la Presidencia se afirma que Gladis López Blanco, exsubprocuradora de Verificación de la Profeco (y esposa de Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública), lideraba al grupo de extorsionadores.
En marzo de 2006, Gladis López renunció a la coordinación en Michoacán de la campaña del entonces candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, y por “razones personales” en marzo de 2008 dejó la Profeco.
La PGR tiene sujetos a proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina de la Profeco. En abril de 2001 Antonio Morales de la Peña renunció a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Autopista en riesgo

En Puebla está en riesgo la construcción y operación de una autopista.

Según el portal del diario Cambio de Puebla (www.diariocambio.com.mx), en enero de 2012, “a través del modelo de inversión PPS, esta compañía inició la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, que comunica a Tlaxcala y Puebla, con una longitud de 63.66 kilómetros y un costo de mil 662 millones 703 mil pesos”. Informa que actualmente “tiene la concesión de la misma por un periodo de 30 años, es decir, hasta 2043”.

Destaca que no ha sido el único proyecto que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha convenido con Oceanografía, pues destaca el proyecto integral de imagen urbana del corredor turístico cultural ubicado en el centro cívico 5 de Mayo en la ciudad de Puebla y la construcción de la plataforma de prueba piloto y relleno estructural de la nueva planta Audi, en San José Chiapa.