Intervención de CIDH en caso Iguala revela incapacidad de autoridades: especialista

XALAPA, Ver., 9 de septiembre de 2015.- La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los normalistas de Ayotzinapa es un reconocimiento explícito de la incapacidad de las autoridades para resolver la situación, aseguró la directora del programa de derechos humanos de la Universidad Veracruzana (UV), Namiko Matzumoto Benítez.

En exclusiva para el programa Opinión Pública, destacó que las recomendaciones del grupo de expertos giran en torno a la falta de la debida diligencia en las investigaciones, es decir, “no cumplen con el estándar establecido por la Corte Interamericana para garantizar los derechos humanos y el derecho a la justicia”.

“Cuando las autoridades no asumen un caso como un deber jurídico propio para estar en posibilidades reales y concretas de juzgar y sancionar a los responsables, entonces impiden a las víctimas el acceso a la justicia”.

En ese sentido, consideró acertadas las recomendaciones emitidas recientemente por el grupo de expertos de la CIDH, algunas de las cuales solicitan la realización de nuevos peritajes y que se tomen en cuenta “otras líneas de investigación que ni siquiera habían considerado las autoridades”.

El Estado, dijo, no sólo debe abstenerse de interferir en el goce y ejercicio de esos derechos, sino que además está obligado a tener una conducta positiva para garantizarlos.
En otro tema, a propósito de los casos en los cuales los presuntos responsables logran ser liberados escudándose en los derechos humanos, aseveró que lo que origina que estas personas puedan salir libres es que las autoridades no han respetados sus garantías.

“Incluso aquellas personas sospechosas de haber cometido un crimen tienen garantías judiciales que deben ser respetadas, de tal forma que sea juzgada de manera adecuada por el delito del cual se le acusa”.

Explicó que en la detención de un sospechoso de haber cometido delito se cometen conductas que configuran un abuso de autoridad o una lesión a la integridad del detenido, como la tortura para lograr que se autoincriminen, lo cual vicia el procedimiento y da lugar a que estas personas pueden tener su libertad porque su aceptación del crimen no es libre y voluntaria sino bajo coacción.

“Los servidores públicos y las instituciones sólo pueden actuar de acuerdo a lo que la ley establece, no sólo la interna sino la internacional, por lo que las autoridades deben capacitarse para conocer dichos estándares internacionales”.