Interpone SNTE al menos 500 amparos contra reforma al IPE, en Veracruz

VERACRUZ, Ver., 26 de agosto de 2014.-  El  representante de los jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rodolfo Suárez Castellanos, aseguró que por lo menos 500 amparos se han interpuesto en contra las modificaciones a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por considerar que viola sus derechos. Recordó que el plazo vence a finales de este mes.

“De acuerdo a las cifras que tenemos, 322 jubilados y 143 activos estamos presentando los amparos correspondientes en contra de esa posibles modificaciones que quieren hacer  a la ley del IPE, que nos perjudicarán”, indicó.

En ese sentido, el representante de los jubilados comentó que uno de los puntos contra los que se ampararán, es que sean los patrones quienes deban hacerse cargo en problemas financieros.

«A la hora de redactar el artículo 98, el Gobierno del estado se libra de la obligación de garantizar el faltante de dinero. Nos preocupa el faltante porque no hay castigos dentro de la ley para quien se lleve el dinero o para quien no lo entregue al Instituto. La ley promovida por el gobernador del estado daña los derechos humanos y laborales de los trabajadores del estado. Se tiene esperanza en que el amparo tenga una respuesta favorable debido a que el mismo abogado que llevará el caso fue el que logró amparar a varios maestros de educación federal”.

Suárez Castellanos dijo que el 29 de agosto es la fecha límite para reunir los documentos y entregárselos a su abogado.

“De acuerdo a las acuerdos y reuniones que hemos tenido, además se deben sumar otros amparos que presentarán los jubilados de la Universidad Veracruzana, pero no podemos precisar cifras. Los amparos serán presentados el próximo viernes en la ciudad de Xalapa, donde se sumarán los de todo el estado”, refirió.

Insistió en que el próximo viernes se reunirán en Xalapa y realizarán un plantón para destacar su acción en contra de la nueva ley, que consideran los afecta porque no marca transparencia ni responsabilidad de nadie para garantizar el pago de las pensiones.