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XALAPA, Ver., 5 de abril de 2016.- Este martes, organizaciones civiles presentaron la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado ante la Secretaría de Gobernación (Segob).
La coordinadora del Colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, dijo que corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dar entrada a dicha petición.
“Ésta es una grave problemática, al establecer distinciones se está violando la ley. Existe una desigualdad de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.
Por ello, comentó que mediante esta solicitud se busca implementar la Ley General de Víctimas, para atender a las que sufran violencia sexual y la NOM 046 (vigente), garantizando el acceso a servicios especializados de salud de forma oportuna y efectiva.
“De tal forma que insistimos en que se armonice el marco jurídico estatal relativo al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma legal y se amplíe también el acceso del aborto legal”.
En ese sentido, indicó que con la ley de protección a la vida desde la concepción, las mujeres más vulnerables a ser castigadas por la ley son las indígenas, adolescentes y en situación de pobreza, lo que las discrimina adicionalmente por el género, clase, origen étnico y edad.
“Cuando los servicios de aborto son inaccesible para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas, como sucede en Veracruz, los estados pueden ser responsables por la violación a los derechos humanos de las mujeres, es decir, la falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las veracruzanas y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida, su futuro”.
En tanto, el integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, aseveró que por primera ocasión en el país se presenta una solicitud con esta característica ante el gobierno de la República.
“Y esto es debido a las graves violaciones de la ley que se cometen en Veracruz en perjuicio de las mujeres, por ello, las autoridades federales tienen el plazo de 30 días para analizar la petición de acuerdo con los argumentos que se presentarán, de modo que el análisis estará basado en la evidencia de que en Veracruz las leyes se aplican con distinción de género”.