Indolencia, respuesta del Estado ante desapariciones: Amnistía Internacional

XALAPA, Ver., 15 de enero de 2016.- Según datos oficiales en México hay más de 27 mil personas desaparecidas, pero no hay una cifra que dé cuenta de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada; 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración de Enrique Peña Nieto, dio a conocer Amnistía Internacional (AI) en su informe Un trato de indolencia, la respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México.

En México, las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia, “no importa si un caso de desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil”.

El informe denuncia que la búsqueda de personas desaparecidas es deficiente e inicia tarde; en la mayoría de los casos, la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad de lo sucedido. Las autoridades se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación.

“Esta forma de investigación es solamente un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso, dice la defensora de Derechos Humanos”, dice el documento.

Amnistía Internacional pide al Estado mexicano realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, debe desarrollar una política pública con tendencia a la prevención de las desapariciones de personas.

En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, se observa que el trato que las autoridades encargadas de la investigación dan a las familias es deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos. Una madre entrevistada resumió la atención que reciben con una frase que da nombre a este informe: “Un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.

Además de la violación a su integridad personal, los familiares que quedan detrás de una persona desaparecida enfrentan serias dificultades materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo realizar nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias provenientes de los probables perpetradores de la desaparición.

De especial preocupación por sus efectos en la forma de vida de las personas son las deudas que quedan cuando una persona es desaparecida y las que la familia tiene que contratar para enfrentar la situación. Las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda. La legislación actual no garantiza la protección de sus derechos en estas circunstancias.

Sobre la Ley General sobre Desapariciones anunciada por el gobierno mexicano, que regulará la actuación de todas las autoridades en relación a este tema, “es necesario que la nueva ley contemple la complejidad del fenómeno y dé respuestas que vayan más allá de la sanción penal”.

“La Ley General debe abarcar medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras. Asimismo, en 2015 la Procuraduría General de la República creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación”.

Las desapariciones producen una serie de violaciones y afectaciones a los derechos de la víctima y de sus familiares. La desaparición forzada de una persona produce en sus familiares profundos daños a su integridad personal que constituyen una forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La afectación por la desaparición de un ser querido es tan profunda y tan evidente que no hay motivo para suponer que es menor tratándose de una desaparición cometida por actores no estatales.

A partir de 2006, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido del incremento en la desaparición de personas en México, los esfuerzos de distintos colectivos de víctimas y familiares, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado poner el tema en la agenda pública.

Informe completo en Amnistía Internacional