El pueblo es el nuevo jefe y vamos a defenderlo: Javier Velázquez
XALAPA, Ver., 13 de mayo de 2015.-En el Distrito Judicial de Orizaba “estamos sin administración de justicia, estamos en incertidumbre jurídica, en el caos porque no hay salas de juicios orales y las instalaciones que rentó el Tribunal Superior de Justicia no están acondicionadas”, afirmó Fidel Ángel Pérez Sánchez, integrante del Foro de Abogados de la Región.
A un día de la denuncia que el Foro de Abogados de la Región de Orizaba presentó en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), magistrado Alberto Sosa Hernández, por incumplimiento de un deber legal, el litigante explicó cuáles fueron las causas de la denuncia.
Narró que a las 09:00 horas, un grupo de abogados llegó al espacio que el TSJE alquiló para los juicios orales para presentar sus cédulas profesionales. Se trata, agregó, de un local ubicado en la prolongación Oriente 6, entre las calles Tulipanes y Sur 53, que se encontraba cerrado, y sólo había un grupo de personas que ingresó a trabajar en instalaciones no terminadas.
A decir del abogado, el Distrito Judicial de Orizaba se quedó sin administración de Justicia y al menos hasta el martes, el día en que entraron en vigor los juicios orales, “no había nombramiento de juez, nadie que se hiciera cargo de la administración de justicia hasta el martes, día en que presentamos la denuncia y solicitamos la presencia de un notario para que diera fe pública de que no había nadie”.
Criticó la falta de previsión porque en el Distrito Judicial de Zongolica, donde también iniciaron los juicios orales este martes, ya tenían lista la sala de juicios orales desde hace meses y sólo estaban esperando la fecha para empezar con el nuevo sistema: “y nosotros estamos atrasados en administración de justicia”.
Para el abogado, la ausencia de jueces y de una sala de juicio oral habilitada con todos los instrumentos necesarios, porque ahora se requiere de un sistema de audio y video, puede provocar que delincuentes sean liberados al no existen los elementos suficientes que permitan la legalización de su detención.