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XALAPA, Ver., 4 de febrero de 2016.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y diversas organizaciones civiles buscan reunir 120 mil firmas para que el Congreso de la Unión reciba y analice la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
En entrevista para Conexión Veracruz, investigador del IMCO, Pablo Montes Mendoza, explicó que entre lo que contempla la propuesta, es que cualquier aspirante a un cargo político presente su declaración patrimonial de manera obligatoria.
Explicó que la propuesta es de diversas organizaciones civiles y en mayo de 2015 se inició la redacción de lo que IMCO llamó la mejor ley de responsabilidades administrativas.
Recordó que justo en mayo se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción y los legisladores tienen un año para redactar las leyes secundarias, “y ahí es donde está el diablo”.
Declaró que la legislación la elaboraron a partir de las conductas y casos de corrupción, por lo que da herramientas de investigación y sanción a todas las instituciones para generar una coordinación que permita fortalecer tres pilares claves: prevención, detección y sanción.
La iniciativa fue presentada el martes 2 de febrero, por lo que invitó a los ciudadanos de todos los estados de la República a consultar la página de internet Ley 3 de 3, en donde encontrarán toda la información que necesitan sobre el proyecto.
Exhortó a la gente a firmar para apoyar la iniciativa y así reunir rápidamente las 120 mil signas requeridas.
Explicó que las firmas deben ser autógrafas, para lo cual deben descargar un formato, imprimirlo, firmarlo y localizar el punto de entrega más cercano.
Aclaró que por ahora no todos los estados cuentan con un punto de entrega, pero la ciudadanía puede empezar a reunir las firmas y esperar a que pronto se abra un espacio para recolectarlas.
Cuestionado sobre si la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción era suficiente para combatir el problema, Pablo Montes explicó que sí fue un avance pero “tampoco va a solucionar todo”, de ahí la importancia de su iniciativa.
Acusó que la administración federal ha estado muy corta en su compromiso contra la corrupción, pues uno esperaría que fuera desde ahí donde salieran este tipo de iniciativas que la ciudadanía urge.
Aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) avalará la validez de las firmas y, si eso pasa, el Congreso tiene que analizarla.