Hora Cero

Zarrabal, en camisa de once varas

Al comenzar el año, iniciaron también las denuncias por el presunto daño patrimonial en la extinta Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Veracruz; sin embargo, desde finales de noviembre de 2013 ya se hablaba de las irregularidades detectadas tras el paso de Raúl Zarrabal por dicha dependencia.

Fue al arrancar enero cuando la Comisión de Vigilancia de la Legislatura estatal dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas al ejercicio 2012; el monto total del presunto daño patrimonial ascendía a 409 millones 346 mil 68 pesos, que deberían ser solventados; es decir, justificados, en un plazo no mayor de 20 días.

Entre las dependencias con mayores problemas se encontraba la desaparecida Secretaría de Comunicaciones, hoy transformada en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que registró observaciones por un monto de 44 millones 606 mil pesos.

Luego de que el Orfis diera a conocer las irregularidades en la dependencia y también en la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, inició una avalancha de opiniones y declaraciones sobre el desempeño de Raúl Zarrabal Ferat al frente de la secretaría.

Ante los medios informativos de la capital del Estado, el diputado por Boca del Río declaró el 8 de enero que solventaría cada una de las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización y que todo quedaría aclarado.

Luego surgió una declaración desde la contraloría estatal, cuyo titular, Mauricio Audirac, sostuvo que de comprobarse las acusaciones, el ex titular de Secom podría ser inhabilitado para desempeñar otro cargo público.

Dos meses después, el 7 de marzo, se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos pero los funcionarios señalados solventaron parcialmente las observaciones, en tanto que el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no pudo solventar ni una sola.

A la Secom le habían resultado 17 observaciones, de las cuales sólo solventó 2; hay otras 9 que, en definitiva, no pudo justificar y que representan más de 19 millones de pesos; y otros 6 puntos en proceso de desahogo, que de no explicar de manera satisfactoria, a los 19 millones se sumarían otros 24.

El Orfis dio a conocer que este 23 de abril se emitió la resolución correspondiente al periodo de la presentación de pruebas para aclarar el presunto daño patrimonial. De ahí sale la cifra que, de no explicar ante las autoridades responsables de la auditoría, podría meter en serios problemas al diputado Zarrabal.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, lo que sigue a la fase de determinación de responsabilidades y establecimiento de indemnizaciones y sanciones es un periodo de 10 días que tendrán los funcionarios y ex funcionarios señalados para interponer un recurso de reconsideración, o bien 15 días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder Judicial del Estado.

Y aquí es donde entra el determinante papel de la Procuraduría de Justicia del Estado, que tendrá seis meses para el trabajo de investigación e integración de los expedientes, que podrían terminar con las órdenes de aprehensión contra los responsables de las presuntas irregularidades. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/