Ruperto Vázquez Ovando/Opinión en línea
Durante la segunda quincena de enero, la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado dio a conocer el resultado de las auditorías practicadas al ejercicio 2012 de los ayuntamientos veracruzanos y de todas las dependencias del gobierno del estado que manejan recursos públicos.
Treinta y ocho municipios resultaron con un presunto daño patrimonial por más de 125 millones de pesos.
En esa revisión a las cuentas del 2012, también salió mal librada la Secretaría de Comunicaciones del gobierno estatal, que ese año encabezó el hoy diputado Raúl Zarrabal Ferat.
Esa dependencia, que se convirtió después en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, registró anomalías por un monto superior a los 44 millones 600 mil pesos, una tercera parte de las irregularidades de los 212 ayuntamientos.
Por supuesto, ese fue un escándalo que embarró al diputado Zarrabal, colocado al margen de la votación de la cuenta pública en la Legislatura, a fin de evitar que se convirtiera en juez y parte.
Ese escabroso tema podría terminar con la inhabilitación del legislador por el distrito de Boca del Río.
Hoy surge otro tema relacionado también con las auditorías y revisiones: las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación luego de examinar las cuentas de la Universidad Veracruzana durante 2012, año en que Raúl Arias Lovillo era rector de esa casa de estudios, la más importante de la entidad.
No es un monto menor; las observaciones son por 364 millones de pesos; es decir, el doble de lo que deben comprobar, juntos, los ayuntamientos veracruzanos y la desaparecida Secretaría de Comunicaciones. Por supuesto, la calificación de las cuentas de la UV, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, fue negativa.
El pasado 20 de febrero, la mencionada dependencia federal dio a conocer los resultados de la revisión a la cuenta pública 2012; se habla de un presunto desvío de 4 mil 300 millones de pesos por parte de las instancias que recibieron y ejercieron recursos federales durante ese año, el último del sexenio de Felipe Calderón.
De igual manera, la Auditoría Superior promovió más de mil 700 sanciones contra igual número de funcionarios públicos.
El mayor número de irregularidades provienen de estados como Michoacán, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Jalisco, declaró Juan Manuel Portal Martínez, titular de la dependencia.
La revisión incluyó a 127 dependencias federales, los 32 estados de la República, cuatro organismos autónomos y 19 universidades públicas, la Veracruzana entre ellas, con los resultados ya mencionados.
Las instancias que resultaron con observaciones, como la UV por ejemplo, tienen 30 días para aclarar el uso y destino de los recursos; y por lo pronto, ya se habla de 147 denuncias por hechos que presuntamente constituyen actos delictivos en el ámbito federal.
Habrá que estar pendientes del tema, el seguimiento y el desenlace, porque el resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación puede involucrar a más instancias veracruzanas. @luisromero85