Hora Cero

Lo declarado a la prensa ayer por la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal en la Legislatura del Estado, María del Carmen Pontón Villa, con relación a la deuda que enfrentan municipios veracruzanos a consecuencia de los laudos laborales, no es algo nuevo.
Sin embargo, llama la atención el hecho de que seis ayuntamientos de la entidad estén a punto de declararse en quiebra y no tengan la posibilidad de enfrentar sus compromisos financieros, ni los recursos necesarios para su operación.
El tema es delicado porque los municipios no tendrían la capacidad para resolver sus problemas debido al sobreendeudamiento y también a la puntilla que representa el pago de millonarias sentencias laborales en contra.
El siete de agosto del año pasado, la magistrada Irma Medel Barragán dio a conocer la existencia de más de mil laudos laborales cuya ejecución seguía pendiente.
Lo malo, alertó en 2013 la magistrada, es que muchos alcaldes no atienden las resoluciones y permiten que los problemas, al igual que las deudas, crezcan.
Cuatro meses después, en diciembre, René Barradas Mendoza, vicepresidente del Colegio de Abogados Laboristas del estado de Veracruz, reveló que eran mil 500 los juicios que estaban pendientes de cobro en los ayuntamientos.
Son problemas que se heredan y se prolongan de manera innecesaria, de tal manera que hay casos que datan de hace 7 años. La cifra de los laudos laborales de los ayuntamientos veracruzanos supera los 500 millones de pesos, el 25 por ciento adicional a toda la deuda con proveedores y a los saldos por emisiones bursátiles.
Desidia, desinterés en los problemas de los ayuntamientos o simple mala fe de los alcaldes que dejan el cargo y heredan sólo problemas a los sucesores. Lo cierto es que los laudos comprometen las finanzas municipales y restan capacidad a los nuevos ayuntamientos.
Lo peor es que cada trienio es la misma historia, en los mismos escenarios, pero con diferentes protagonistas.
Observamos que en aquellos ayuntamientos donde hubo cambio del partido en el poder, muchos empleados fueron despedidos, no solo los funcionarios de alto nivel, tesorero, secretario y directores de área, sino hasta las secretarias y empleados más modestos, por el hecho de haber prestado sus servicios para otro grupo político.
El resultado, por supuesto, es una lluvia de demandas laborales, como si no tuvieran suficientes problemas los gobiernos locales en funciones; son recursos jurídicos que interponen los trabajadores despedidos y que la mayoría de las veces, prosperan sin mayores problemas.
Eso agrava la muy lamentable situación que enfrentan casi todos los ayuntamientos veracruzanos, que ya acumulan deudas por 2 mil 269 millones de pesos; esto es, el 3 por ciento del producto interno bruto estatal y el 67.4 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos municipales.
Tuxpan, por ejemplo, adeuda 256 millones de pesos; Veracruz debe 254 millones; Coatzacoalcos, 116; Xalapa, 104; Poza Rica, 91; Minatitlán, 55; y Tierra Blanca, 53 millones de pesos; son algunos de los cerca de cien ayuntamientos de la entidad que se encuentran en problemas por las elevadas deudas que enfrentan. @luisromero85