Ruperto Vázquez Ovando/Opinión en línea
Ayer, el gobernador Javier Duarte anunció una reducción salarial para los trabajadores de confianza del poder ejecutivo de la entidad; no se incluye a los sindicalizados o a los empleados de base, que son generalmente quienes perciben los bajos salarios, y el ahorro será destinado a obras de impacto social.
No es la primera medida que instrumenta el gobierno estatal con el fin de ahorrar recursos ante un escenario financiero adverso; al contrario, ha sido una constante en la estrategia del manejo presupuestal, porque como nunca antes, este sexenio ha enfrentado una profunda crisis económica, provocada, principalmente, por una impresionante deuda pública heredada de la pasada administración.
Habría que recordar que Javier Duarte inició su gobierno en diciembre de 2010 en una situación complicada: finanzas colapsadas, arcas vacías y una cuantiosa deuda pública; tanto así, que las filas de acreedores en el edificio de la Secretaría de Finanzas eran interminables.
Fue uno de los peores arranques de una administración estatal en los tiempos contemporáneos porque el estado estaba tan endeudado que apenas alcanzaba para la nómina, para la operación de las áreas estratégicas –salud, educación y seguridad– y para los intereses y pequeños abonos a los pasivos.
Para tener una idea de la magnitud del problema, diremos que Veracruz es la quinta entidad más endeudada del país, superada sólo por Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Coahuila.
Las acciones ante esa crisis fueron muy parecidas a la medida anunciada ayer: reducir el gasto y adelgazar la nómina; adicionalmente, encontrar los mecanismos para cubrir y renegociar los compromisos financieros.
Paralelamente, el gobierno estatal inició un proceso para aumentar la recaudación; solo en 2013, de acuerdo con los datos ofrecidos por el titular de Sefiplan, Fernando Charleston Hernández, en su comparecencia ante la Legislatura del Estado, la captación aumentó en dos mil 700 millones de pesos y se lograron ingresos propios por 10 mil 150 millones. En total, la percepción de Veracruz superó los 94 mil millones.
Lo importante, también, es que se redujo en un 4.5 por ciento el gasto corriente.
Sin embargo, se trata de esfuerzos administrativos que resultan insuficientes, dado el tamaño del problema; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el año pasado que la deuda de Veracruz asciende a 40 mil 365 millones de pesos, que incluye la deuda directa estatal, más de 25 mil millones; la bursatilización estatal de 12 mil 300 millones; y la deuda y bursatilización de los municipios, otros 2 mil 200 millones de pesos.
Ello representa el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal y el 125.8 por ciento con relación a las participaciones federales.
Debido a todo ello, el gobierno estatal determinó apretarse el cinturón, disminuir el gasto corriente, incluyendo los salarios del personal de confianza en 10 por ciento, al igual que los materiales y suministros; es una medida que obligará a las dependencias a realizar el mismo trabajo con menor gasto, y que impactará en los 24 mil empleados que integran la burocracia estatal. En Veracruz, son tiempos de restricciones. @luisromero85