Con la finalidad de garantizar el acceso a la información gubernamental, proteger los datos que se encuentran en manos del gobierno y resolver las solicitudes de información que presentan los particulares a las dependencias y oficinas públicas, fue creado durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

El criterio que prevaleció, finalmente, se centra en el hecho de que la información gubernamental es pública, pagada con dinero de los contribuyentes y, por tanto, debe ser de libre acceso, si no compromete la estabilidad y la seguridad nacional.

En junio de 2003 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; de esa manera, las 240 dependencias del gobierno federal fueron obligadas a responder las solicitudes de información que presenten los mexicanos.

A partir de ahí se legisló en las entidades federativas sobre la creación de las leyes de transparencia y acceso a la información.

En nuestro estado fue integrado el Instituto Veracruzano de Acceso de la Información como un órgano autónomo responsable de garantizar ese derecho de los ciudadanos.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte que el día 8 de enero emitió el IFAI, una abrumadora mayoría de los órganos responsables de estas tareas en las entidades de la República no cumplen con su encomienda. De hecho, 26 estados obtuvieron una mala calificación en la evaluación del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho a la Información.

De todos, el estado de San Luis Potosí fue el peor, ya que apenas alcanzó una calificación del 20.1 por ciento. Le siguen Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Guanajuato como las entidades peor evaluadas.

Los mejores en cuanto a la transparencia fueron Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Durango y Chihuahua. Veracruz se ubicó en la parte media de la tabla.

El tema de la transparencia y acceso a la información, por cierto, dará mucho de qué hablar una vez que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue y publique los cambios constitucionales votados en noviembre en el Congreso de la Unión y aprobados ya por la mayoría de las legislaturas estatales. Esas modificaciones ordenan rendir cuentas a muchas instancias y sujetos que actualmente no tienen esa obligación, entre ellos, los sindicatos y los gobernadores.

Y mientras eso ocurre en el ámbito nacional, en Veracruz el IVAI vuelve a lanzar un exhorto a los Ayuntamientos para crear sus unidades de acceso a la información pública, de la que carecen 129, esto es, la mayoría de los gobiernos municipales.

En muchos casos, los municipios que no cumplen con esta obligación son pequeños, del sector rural y carecen del servicio de internet; sin embargo, también existen ayuntamientos que contando con la señal y con las herramientas necesarias, carecen de compromiso y disposición porque los alcaldes piensan, por ignorancia, que no tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos, como lo establece la propia ley, y deciden manejarse como reyes en sus ínsulas. @luisromero85