Hora Cero

El 27 de noviembre de 2013, al comparecer ante los diputados de la comisión de comunicaciones en la Legislatura del Estado, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, fue cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la dependencia y sobre las denuncias interpuestas ante el órgano investigador contra empresas constructoras que cobraron pero no ejecutaron los trabajos que les fueron asignados.

El funcionario dijo, en resumen, que 58 empresas fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República por un presunto daño patrimonial que superaría los 170 millones de pesos.

También reveló que la dependencia rescindió contratos por más de mil 170 millones de pesos a empresas que cobraron anticipos de obra pero que en muchos casos, ni siquiera comenzaron con los trabajos, como ocurrió en Tantoyuca, Minatitlán, Jáltipan, Juchique de Ferrer y Cuitláhuac, entre otros municipios de la entidad.

Días antes, a principios de noviembre, el funcionario había declarado que el gobierno del estado recuperó 80 millones de pesos, al hacer efectivo el cobro de las fianzas de constructoras incumplidas.

El tema fue retomado el 4 de diciembre, casi inmediatamente después de la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por el contralor general del estado, Mauricio Audirac Murillo, quien insistió en que las denuncias correspondientes fueron interpuestas ante la PGR. Se trata, dijo, de un esfuerzo por resolver el asunto por la vía legal y recuperar así los anticipos de obra.

En otro orden de ideas, pero siguiendo con el tema de las irregularidades en esa dependencia, durante los primeros días de enero de este año, la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado dio a conocer el resultado de las auditorías practicadas al ejercicio 2012 de los ayuntamientos y todas las dependencias del gobierno del estado.

Como sabemos, 38 municipios resultaron con un presunto daño patrimonial por más de 125 millones de pesos.

De igual manera, entre las pocas dependencias del gobierno estatal que arrojaron observaciones destaca la propia Secretaría de Infraestructura, que presentó un monto de 44 millones 606 mil pesos, una tercera parte de lo que registraron juntos, los 212 ayuntamientos veracruzanos; esto, durante el periodo en que la dependencia fue encabezada por el hoy diputado Raúl Zarrabal Ferat.

De ahí las voces que afirman que el diputado local por el distrito de Boca del Río debe responder por esos señalamientos como cualquier ciudadano; es decir, sin la protección del fuero.

Incluso, surgen comentarios que apuntan a una probable inhabilitación de Raúl Zarrabal, quien insiste en que cuenta con los documentos que comprueban cada centavo de los más de 44 millones de pesos que le observan.

Desde la Legislatura, el diputado Fuentes Urrutia muestra su desconfianza en el sentido de que este podría ser un caso más de un funcionario que busca una diputación para evitar un juicio.

Habría que agregar que igual ocurre con el ex alcalde panista de Jáltipan, Domingo Bahena Corbalá.

Lo cierto es que Raúl Zarrabal dejó su espacio en la comisión de vigilancia para evitar ser juez y parte en el dictamen de la cuenta pública 2012. @luisromero85