Hora Cero

Hace ya varios años, un empresario de la industria de la construcción que tenía contratos de obra pública en Veracruz hablaba en una reunión con sus pares sobre los problemas que enfrentaba el sector y todo se resumía al tema de la corrupción de las instancias gubernamentales, en particular del área de construcción de obras.

Resumía el empresario: si debo pagar un porcentaje del contrato al director de obras públicas –refiriéndose a un Ayuntamiento–, ese dinero y un poco más, lo debo aumentar al presupuesto; si no lo permiten, entonces castigo la calidad de los materiales.

Podríamos decir que ese era el común denominador en la obra pública en Veracruz y que todo ese problema siempre tenía a los mismos afectados, los ciudadanos que padecían obras muy costosas y de pésima calidad.

Se trataba de una red de corrupción y complicidades que incluía a constructores, funcionarios, supervisores y auditores de obra.

Esas prácticas prevalecieron durante años y el resultado son obras mal planeadas, mal ejecutadas, muy costosas y de rápido deterioro.

Un ejemplo podría ser el puente que se construyó sobre la carretera Cardel-Veracruz, muy cerca de la comunidad El Salmoral; la particularidad es que esa construcción no sirve para nada, no comunica a ninguna parte y solo está como una especie de monumento al derroche de recursos.

Sin embargo, hay avances en la materia, particularmente en el tema de la fiscalización. Ahora vemos cada vez con más frecuencia a presidentes municipales en problemas legales por irregularidades en el manejo de los recursos, en la asignación de contratos y en la ejecución de obras.

 Este miércoles, en la glosa del tercer informe de gobierno, compareció el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón, quien se refirió a los esfuerzos por evitar las malas prácticas en la asignación de contratos y en la ejecución de la obra.

 Dijo que el compromiso es poner orden en dicho sector, evitar el dispendio y vigilar el cumplimiento de la ley y, por supuesto, de los contratos. 

En ese contexto, la dependencia ha presentado 58 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fraudes de compañías constructoras, cuyo monto total asciende a más de 170 millones de pesos.

Además, han rescindido contratos por más de mil 170 millones de pesos a empresas que cobraron anticipos de obra pero que en muchos casos, nunca colocaron ni siquiera la primera piedra.

Lo peor es que hay contratos que ya fueron finiquitados pero los trabajos correspondientes no se realizaron.

De hecho, la Secretaría de Infraestructura apenas este año ha terminado obras cuyo rezago data de hace seis años, el 2007.

Finalmente, la lectura de estos hechos, las denuncias por montos millonarios y la exposición pública de las irregularidades en el área, revelan un esfuerzo de transparencia y también la disposición del gobierno estatal para corregir los vicios y castigar los actos de corrupción. @luisromero85