Carlos Ramírez/Indicador político
Desaparición forzada
Luis Alberto Romero
El pasado viernes 2 de enero, el gremio periodístico veracruzano sufrió otro ataque; a casi un año del homicidio de Gregorio Jiménez, reportero que trabajaba para los diarios Notisur y El Liberal, de Coatzacoalcos, un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, activista social y editor de un modesto medio informativo del municipio de Medellín de Bravo, quien fue privado de su libertad de manera ilegal.
La noticia del plagio del reportero circuló rápidamente debido, sobre todo, a los antecedentes de agresiones y asesinatos contra trabajadores de los medios de comunicación de Veracruz.
El País, el más influyente diario español, por ejemplo, dedicó un amplio espacio en su edición del pasado 4 de enero a la desaparición forzada de Sánchez Cerezo. Igual ocurre en los periódicos, noticiarios y medios digitales que han consignado los detalles del plagio.
El gobierno estatal, a través de la Procuraduría de Justicia, inició la averiguación previa y en el marco de las investigaciones retuvo primero a dos elementos de la Policía Municipal de Medellín y después, este martes, comenzó el interrogatorio a todos los elementos de esa corporación, 36 uniformados.
Entorno a este caso, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa; Artículo 19, de protección a periodistas; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado para exigir que se garantice la integridad de Moisés Sánchez y de su familia.
En ese pequeño municipio conurbado con Veracruz y Boca del Río corren versiones que señalan al presidente municipal, Omar Cruz Reyes, debido a supuestas amenazas que el edil habría lanzado contra el reportero. Por ello, los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo, por separado, pidieron que el alcalde sea investigado y separado del cargo, aunque el diputado que preside la comisión de seguridad pública en la Legislatura del Estado, Ramón Gutiérrez de Velasco, descartó la posibilidad de un desafuero; sin embargo, la última palabra derivará del resultado de las investigaciones que ya realiza la Procuraduría de Justicia. @luisromero85