Carlos Ramírez/Indicador político
Monterrey VI, Pánuco y Grupo Higa
Al iniciar 2014, el 20 de enero, la Comisión Nacional del Agua autorizó al gobierno del estado de Nuevo León iniciar el proceso de licitación del proyecto hidráulico Monterrey VI, que trasladará agua del río Pánuco a la mencionada zona metropolitana.
Se trata de una impresionante obra de infraestructura, la construcción de un acueducto de 372 kilómetros lineales que pasará por los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, para llegar a Nuevo León; esos trabajos garantizarán a la población de Monterrey el abasto de agua del 2016, año en el que se espera concluir la obra, al 2030.
El acueducto aseguraría un caudal de 5 mil litros de agua por segundo a la zona metropolitana de Monterrey, que concentra a una población de casi 4 millones de habitantes.
El río Pánuco es uno de los más caudalosos y también de los más contaminados del país; tiene un caudal de casi 500 mil litros por segundo. El uno por ciento sería enviado para suministrar agua a una de las regiones que registra mayores problemas como consecuencia de la sequía.
En abril del año pasado, el semanario Proceso daba cuenta de los problemas originados por la falta de agua en ese estado, donde las tres presas, La China, Cerro Prieto y La Boca, se encontraban al 22, 39 y 53 por ciento de su capacidad; eso, por supuesto, es insuficiente para satisfacer la demanda de agua para uso doméstico, industrial y agrícola de esa entidad.
La situación hace un año era de alarma, por lo que el gobierno estatal, encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz, agilizó los trámites para que Conagua autorizara la construcción de la obra y el trasvase de agua del río Pánuco a esa zona metropolitana, objetivo que finalmente logró el pasado 20 de enero.
Sin embargo, el problema no sólo radica en la viabilidad de ese proyecto hidráulico y en la oposición de grupos ambientalistas y asociaciones civiles como el Movimiento de Unidad Popular, que consideran que unos 20 municipios de la huasteca alta veracruzana, como El Higo, Ozuluama, Tampico Alto, Tempoal, Pueblo Viejo y Pánuco, podrían sufrir afectaciones y que al menos 100 comunidades resentirán los efectos de la sequía.
El gobierno del estado de Nuevo León, principal promotor de la obra, también enfrenta problemas al interior de la entidad: el pasado 8 de diciembre, 11 organismos solicitaron formalmente la cancelación del proyecto, argumentando opacidad, falta de control e irregularidades financieras y ecológicas; por un lado, el costo de los trabajos fue presupuestado primero en 14 mil millones, luego en 47 mil, y finalmente en 57 mil millones de pesos; por otra parte, organizaciones ambientalistas apuntan que no existe un estudio confiable de impacto ambiental.
Por si fuera poco, el hecho de que una parte de la obra fuera adjudicada a la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, una filial del grupo Higa, vinculada a los más altos funcionarios del gobierno mexicano y centro de la polémica nacional, complica todavía más ese proyecto, que en el norte veracruzano también enfrenta resistencias. @luisromero85