Carlos Ramírez/Indicador político
Fiscalización y actos anticipados
Las nuevas reglas en materia electoral incluyen un mayor control en el gasto de los partidos políticos y una estricta fiscalización, a fin de evitar que los ciudadanos que buscan cargos de elección popular ganen los procesos en condiciones de inequidad.
Ese es un tema en el que los avances del sistema electoral son incuestionables. Anteriormente, si un partido o candidato violaba los topes de campaña; era financiado con recursos de procedencia ilícita; o participaba en un proceso en condiciones ventajosas y de inequidad, las denuncias –en el mejor de los casos– se resolvían hasta dos años después de las campañas; esto es, cuando quien incurría en esas irregularidades ya se encontraba en el cargo.
Hoy, con las nuevas reglas, se habla de un sistema de fiscalización en línea y prácticamente inmediato, que busca transparencia, rapidez en las resoluciones y, sobre todo, procesos electorales equitativos.
En síntesis, las disposiciones derivadas de la reforma política intentan conocer el origen y destino de los recursos que ejercen partidos y candidatos durante las contiendas y no al concluir estas.
Juan Marcos Dávila Rangel, especialista en derecho electoral y profesor del Centro de Capacitación Judicial Electoral y del Instituto de la Judicatura Federal, quien es secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se encuentra en Xalapa, donde imparte un curso sobre la fiscalización en los procesos electorales.
Aquí explicó que el tema aplica tanto a candidatos como a precandidatos, a los aspirantes independientes y a los partidos políticos.
Recordamos que hace una semana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas contra 7 partidos políticos: PRD, 52 millones de pesos; PRI, 29 millones; PT, 11.4 millones; PAN, 8.2; Movimiento Ciudadano, 2.8; Nueva Alianza, 900 mil; y Partido Verde, 500 mil pesos.
Sin embargo, en el proceso federal que arrancó el 7 de octubre, el tema será mucho más estricto y ya no estará en manos de los órganos estatales, como hasta ahora, sino de la comisión de fiscalización del INE; otro cambio tiene que ver con el uso de la tecnología para la revisión en línea de los gastos de partidos y candidatos.
A propósito de los temas de la fiscalización y la revisión de las actividades de partidos y candidatos, hasta hoy se han registrado en Veracruz cinco denuncias contra funcionarios del gobierno del estado, no por gastos, sino por actos anticipados de campaña.
En la Junta Local Ejecutiva del INE ha trascendido que casi todas las acusaciones provienen que los propios partidos y van contra los secretarios de Educación, Adolfo Mota Hernández; Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes; y el tesorero de la Secretaría de Finanzas, Antonio Tarek Abdala Saad; excepto un recurso que fue interpuesto por un ciudadano contra Mota Hernández, quien aspira a la candidatura del PRI a la diputación federal por el distrito de Xalapa Rural. Y es precisamente por el carácter ciudadano de la queja que el funcionario del gabinete podría enfrentar mayores problemas y ser excluido de este proceso. @luisromero85