Hora Cero

Legislar sobre las rodillas

Siendo Xalapa la capital de Veracruz y también del caos vehicular, nadie duda de la necesidad de que las autoridades busquen acciones para resolver los problemas de vialidad, que afectan la vida cotidiana de las personas y el desarrollo comercial, así como el libre tránsito.

Taxistas, comerciantes, burócratas y, en general, todos los sectores productivos de la ciudad están cansados de los exagerados tiempos de traslado, del tráfico vehicular y de las manifestaciones que prácticamente todos los días desquician el centro y las arterias más importantes.

Es cierto, urgen acciones para resolver los problemas de movilidad urbana.

Tal vez debido a esa desesperación que se refleja en la sociedad de Xalapa, el diputado Adolfo Ramírez Arana se aventó la puntada de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado, que en uno de sus Artículos incluía la regulación de las marchas, movilizaciones y plantones; así, las protestas y las expresiones sociales en la vía pública tendrían que ser autorizadas por la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal, que tendría la facultad de decidir qué marcha sería declarada ilegal para proceder en consecuencia, esto es, con arrestos y uso de la fuerza.

Con seguridad, el legislador por el distrito de La Antigua no dimensionó a tiempo su propuesta ni analizó las reacciones sociales que le serían adversas; mucho menos, evidentemente, el tema de los derechos humanos y las garantías individuales.

No faltó quien, sin conocer a fondo ese planteamiento, se adelantó a descalificar el documento completo y señalar no era más que una insensatez del diputado. Sin embargo, el tema de la regulación de las marchas es sólo uno de los puntos que incluye la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito; sería sano, en todo caso, analizar de manera íntegra la iniciativa, que consta de 190 artículos.

De todas las reacciones desatadas en torno al tema, dos llaman la atención: la del ex procurador de justicia y ex secretario de gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, quien sostuvo que sancionar las manifestaciones es anticonstitucional en virtud de que la medida violaría las garantías individuales; y la del investigador y académico de la Universidad Veracruzana, Leopoldo Alafita, quien expuso que la propuesta tiende a limitar las libertades públicas, algo que resulta inaceptable.

El caso es que ante el rechazo y las descalificaciones, el propio Ramírez Arana ya dijo que ese artículo sería modificado para que la ley no sea declarada inconstitucional. El gobernador del estado le dio la puntilla a esa ocurrencia, al manifestar ayer su rechazo a cualquier intento por limitar las garantías individuales.

La ley bala, aprobada por la legislatura del estado de Puebla y que tanta polémica causó por autorizar el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones, no será implementada en la entidad.

El asunto de la regulación de los bloqueos y manifestaciones en Veracruz ya fue sepultado y sólo quedará en el anecdotario legislativo, que está lleno de ocurrencias, necedades y disparates de muchos diputados, aunque, por fortuna, no todos cometen esos desaciertos. @luisromero85