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Sanción contra funcionarios

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz es el documento que determina las obligaciones, sanciones y causas de inhabilitación para quienes ejercen los cargos, desde jefaturas de departamento hasta gobernador.

A esa ley están sujetos todos los servidores, diputados, secretarios de despacho, contralor, procurador, magistrados, ediles y, en general, los funcionarios que manejan recursos económicos estatales, incluyendo a los tres poderes del gobierno.

La última modificación a esa ley ocurrió hace 8 años, en agosto de 2006, cuando fueron derogados cuatro capítulos completos, entre ellos, el de causas del juicio político y sanciones, y el del procedimiento para la declaración de procedencia.

La ley es clara en cuanto a las sanciones administrativas para quienes incumplan con lo establecido: apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación. Sin embargo, sólo en casos extremos se ha utilizado dicho recurso.

De acuerdo con información que maneja el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, en Veracruz los casos más recientes ocurrieron en 2010, cuando dos funcionarios fueron inhabilitados por un periodo de diez años; antes de ello hubo un caso en 2007, que corresponde a un servidor público suspendido por 8 años.

En 2005, la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado informó que 26 funcionarios fueron inhabilitados; un año después, la guadaña de la Contraloría incluyó a otros 15 en las sanciones; casi todos esos casos llegaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque los afectados por esos dictámenes acudieron a recursos de revocación y juicios de nulidad.

Hace dos sexenios, durante el gobierno de Miguel Alemán, fue un escándalo la sanción aplicada contra 5 ex funcionarios del gobierno veracruzano, señalados por la entrega irregular de concesiones del transporte público.

Hoy, el tema de las sanciones contra funcionarios públicos regresa con la declaración del contralor veracruzano, Ricardo García Guzmán, quien informó que 110 trabajadores del gobierno estatal –se entiende que jefes de departamento, subdirectores y directores de área– podrían ser cesados porque no presentaron su declaración patrimonial, que es una obligación establecida en la Ley de Responsabilidades.

El asunto de las sanciones contra funcionarios públicos en Veracruz no es tan frecuente como en el ámbito nacional; este jueves 11 de septiembre, por ejemplo, el diario El Universal reporta que la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal informó que, de enero a la fecha, se aplicaron 10 mil 16 sanciones contra 7 mil 791 servidores públicos, lo cual nos habla de un incremento importante en el número de casos.

En 2011 fueron 4 mil 751 sanciones; en 2012, 5 mil  571; y el año pasado, 5 mil 500. Todos esos números ya fueron superados sólo durante los primeros 8 meses del presente año.

En Veracruz, habrá que estar atentos al seguimiento de la información que dio a conocer el contralor del estado en materia de sanciones, suspensiones y ceses de los 110 funcionarios que no entregaron, en los términos de la ley, su declaración patrimonial. @luisromero85