Hora Cero

Revocación de mandato

En la agenda legislativa veracruzana, el tema de la reforma electoral y la armonización de las leyes locales con las promulgadas recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto acaparan el debate entre los partidos y actores políticos.

Hace tres días, el diez de junio, el pleno del Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa del gobernador Javier Duarte para modificar las leyes veracruzanas y adecuarlas a la reforma política promovida desde la Presidencia de la República, a fin de fortalecer a las autoridades electorales, transparentar los procesos, reducir los tiempos de campaña y garantizar la equidad de género.

Y mientras los partidos discuten esos y otros temas relacionados con la reforma electoral, los congresos de Colima, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco se apresuraron a debatir y aprobar sus modificaciones el pasado miércoles 11 de este mes; fueron esas las primeras entidades del país en establecer los acuerdos legislativos para adaptarse a la ley federal y el procedimiento está muy avanzado en el Estado de México, Guanajuato y Zacatecas.

En Veracruz, además de la propuesta del ejecutivo, el Partido Acción Nacional presentó a la Legislatura local su iniciativa de reforma política, que contempla también la homologación de las elecciones locales con los procesos federales; además de la reelección de ediles y la reducción del tiempo de los ayuntamientos a tres años; de igual manera, que el próximo gobernador del estado asuma el cargo para un periodo de dos años, entre otros puntos.

Por su parte, los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano anunciaron que también presentarán una propuesta de reforma política que, además de algunos de los planteamientos que realizaron otras fuerzas políticas, incluye el tema de la revocación de mandato.

Se trata de una figura jurídica polémica que se ha instrumentado en algunos países democráticos; en México, solo el estado de Chihuahua contempla esa figura, aunque nunca se ha recurrido a ella.

La revocación de mandato es una herramienta que permite a los ciudadanos destituir del cargo a un funcionario de elección popular antes de que concluya su periodo.

A diferencia del juicio político, que también contempla la destitución de funcionarios pero que se desarrolla en el Congreso, la revocación de mandato se decide en las urnas por los mismos ciudadanos que eligieron a sus gobernantes.

De la revocación no existe antecedente en nuestro país; del juicio político sí: esa figura se aprobó en 1982 y en 32 años que lleva vigente, sólo un caso ha prosperado, el del ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, quien fue desaforado en 1983.

Los partidarios de esta figura sostienen que es una expresión de soberanía popular, ya que el ciudadano que elige a un representante también debe tener la posibilidad de la destitución; también argumentan que los gobernantes están obligados a mantener una mayor cercanía con la gente y a responder con más eficiencia en su desempeño. Sin embargo, también es cierto que la revocación de mandato puede convertirse en un instrumento político de presión.

Lo que no debemos perder de vista es que en la Legislatura veracruzana, el Partido Revolucionario Institucional –junto con sus aliados del Panal y el Partido Verde– tiene una abrumadora mayoría, por lo que las iniciativas de los diputados del PAN, PT, PRD y Movimiento Ciudadano enriquecen el debate legislativo pero difícilmente se convertirán en leyes.

@luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/