Hora Cero

El secuestro de la presa

Desde 1986, cuando fue inaugurada por el presidente Miguel de la Madrid, hace 28 años, la presa Yuribia ha sido tomada, bloqueada y liberada en muchas ocasiones: maestros, ejidatarios y pobladores de esa región han hecho un negocio del secuestro de esa construcción, y por ello constantemente amagan con cerrar las válvulas, sabiendo de antemano el daño que provocan a la población de 3 importantes municipios del sur, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, unas 500 mil personas.

A pesar de que en reiteradas ocasiones se han desarrollado obras de infraestructura hidráulica, como la perforación de pozos profundos en Canticas, la presa Yuribia se mantiene como la principal fuente de abastecimiento de agua para esa zona.

Se ubica en el municipio de Tatahuicapan, en la sierra de Soteapan. Su construcción fue iniciada en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración. La obra completa incluye 64 kilómetros de tubería de acero, 80 válvulas y una profundidad de más de 16 metros.

Sin embargo, debido a su importancia estratégica para el desarrollo de la zona petrolera del sur de Veracruz, la presa se convirtió en rehén de diversos grupos. En septiembre de 2006, por ejemplo, pobladores de Tatahuicapan de Juárez, provenientes de comunidades nahuas y popolucas, bloquearon las instalaciones y cerraron las válvulas, argumentando que el gobierno del estado no les apoyó con recursos para la construcción de obras luego de los daños causados por la tormenta tropical que afectó a su municipio en junio de ese año.

En aquella ocasión, los 500 indígenas inconformes fueron encabezados por el entonces alcalde, Julián Cruz Gómez, y también, como ahora, obstruyeron los caminos y cerraron las válvulas, en demanda de recursos del gobierno del estado, básicamente la rehabilitación del camino que conecta a sus comunidades con el municipio de Cosoleacaque, la introducción de agua potable, energía eléctrica y drenaje pluvial.

Esta vez, el cierre de las válvulas dejó sin agua por más de una semana a la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se registra un fuerte problema social por la falta de ese recurso natural imprescindible.

Más de 500 mil personas son afectadas por esta medida de presión de los habitantes de las comunidades de Tatahuicapan, que exigen que se les pague por el agua que se toma de la presa para el consumo de esas tres ciudades del sur del estado.

Hubo un intento de diálogo pero éste no prosperó de forma satisfactoria, de tal manera que el gobierno estatal resolvió, el pasado martes 13, utilizar la fuerza pública para liberar la presa. Acompañados por visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los elementos de la policía estatal procedieron a retirar a los ejidatarios; mientras tanto, para satisfacer las necesidades de agua de la población afectada, el gobierno estatal envió 60 pipas como apoyo emergente.

Posteriormente, el problema se intensificó y subió de tono, debido a que quienes bloquearon la prensa, una vez desalojados, resolvieron boicotear el suministro y rompieron los ductos. Por si fuera poco, en una medida desesperada, podríamos decir que irracional, amagaron con dinamitar las instalaciones, lo que puso a prueba la capacidad del gobierno veracruzano para resolver ese problema; afortunadamente, este miércoles por la tarde, los titulares de las secretarías de gobierno, desarrollo social y seguridad pública, así como el coordinador de comunicación social del gabinete estatal, se reunieron con los alcaldes de la región y los grupos inconformes, con quienes establecieron los acuerdos para dar por concluido el tema. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/