Con las mujeres, está garantizado el segundo piso de la 4T: Cuitláhuac
XALAPA, Ver., 9 de octubre de 2015.- Los asuntos políticos no tienen que ver con el Estado de derecho al momento de hacer valer la ley, expresó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, respecto de la denuncia contra el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por presunto enriquecimiento ilícito, y por la orden de desafuero girada por el fiscal general Luís Ángel Bravo Conteras contra el diputado local de Las Chopas, Renato Tronco Gómez.
En ese sentido, aseguró que “como cualquier otro ciudadano” estaría muy atento del “desarrollo de las diligencias, respetuoso de la ley y al margen de las atribuciones que no le competen”.
Puntualizó que en ambos casos él no es el demandante ni la autoridad que resuelve que juzga, pues son temas de índole jurisdiccional. “Los asesinos materiales están sentenciados ya que existe un proceso penal. El Poder Judicial del Estado ha determinado la procedencia de esta situación”.
A propósito de la situación del alcalde boqueño, Duarte de Ochoa recordó que los demandantes en este caso son los diputados locales del mismo distrito electoral. “Lo hicieron por el presunto delito de enriquecimiento ilícito presentando pruebas, por lo que la Fiscalía General del Estado está desahogando el caso y haciendo las investigaciones pertinentes”.
La Fiscalía General del Estado, indicó, es la única instancia con competencia en estos asuntos, por lo que aclaró que en ninguno de los casos “él tiene injerencia ni participación, pues la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo que no depende del gobierno del estado, mucho menos del gobernador de Veracruz”.