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XALAPA, Ver., 9 de julio de 2014.- Campesinos del municipio de Soteapan y de Ángel R. Cabada, se manifestaron este miércoles en la Plaza Lerdo, en la capital del estado, para exigir a Gobierno del Estado, los primeros, la indemnización correspondiente a la ex propiación de terrenos en 1998; mientras que los segundos, el pago de tierras luego de que fueran despojados por campesinos invasores, desde hace 14 años.
El representante del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas, Fidencio Hernández Carrera, integrante de la manifestación de los de Soteapan, explicó que se trata de 38 pequeños propietarios afectados de Nuevo México, en aquel municipio, cuyas tierras fueron expropiadas para conformar la Reserva de la Biosfera en aquella zona.
Lamentó que a pesar de que el Gobierno Estatal recibe recursos para mantenimiento del sitio, quienes quedaron sin tierras por ello, no estén siendo apoyados.
Fernández Carrera denunció el presunto hostigamiento que reciben por parte de personal de Gobierno del Estado, y exigió la renuncia del mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa, pues dijo, “no ha cumplido sus promesas de solución”.
En tanto, Daniel Cuatzozon Solís, uno de los afectados de Ángel R. Cabada, señaló que fueron despojados de sus tierras por campesinos invasores, desde hace catorce años.
«Queremos definitivamente que Gobierno del Estado haga un alto y pague nuestras tierras, porque es un compromiso que él se acarreó, firmado y pactado desde hace dos años. Nuestras tierras, nosotros somos ejidatarios, gente invasora se vino a quejar con el Gobierno, y ellos para evitar problemas de muertes y desastres, decidió dárselas a ellos y pagamos a nosotros, pero nos las paga conforme a ellos se les da la gana», apuntó.
Aseveró que las autoridades de la Secretaría de Gobierno asumieron el compromiso, hace cuatro años, de pagar sus tierras para evitar algún conflicto entre los propietarios y los invasores; sin embargo, aseguró que hasta el momento no se ha liquidado, y agregó que se les adeuda, por lo menos, 200 mil pesos a cada uno de los ocho ejidatarios afectados.
«Nosotros llevamos catorce años con el Tribunal (de Justicia) para que se salieran, y el tribunal falló a favor de nosotros porque estamos en el censo oficial, y para evitar estas broncas el Gobierno nos llamó. Desde el día lunes nos llevan con promesas de que nos van a pagar pero no hay para cuando. No podemos dejarlo pasar así porque tenemos hijos».
Indicó que se exige a solución inmediata, pues dijo, “este conflicto ha generado graves problemas económicos debido a que no se puede trabajar”.