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XALAPA, Ver., 3 de junio de 2015.- En la sesión de este miércoles del Senado de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo sobre el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción de docentes de educación básica y media superior, en el que exige al organismo hacer cumplir la ley y no suspender el proceso de evaluación.
De acuerdo con la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, las razones por las cuales la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente decidió posponer la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, deben ir acompañadas de la ampliación de información por parte de las autoridades competentes, pues “ahondar en la explicación dará certeza de que la reforma educativa está en marcha”.
Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, refirió que la suspensión de la evaluación docente demuestra “el grado de incongruencia del gobierno federal, ya que “ha pregonado las reformas pero en su aplicación da marcha atrás”.
Por su parte, Tomás Torres Mercado, del Verde Ecologista de México, indicó que de los derechos humano que re coge la constitución e instrumentos internacionales, “el más democrático sin duda es el de la educación”.
“La libertad proviene de esto, de tener una visión más amplia del mundo, y las elecciones próximas deben ser una oportunidad para la aplicación de la evaluación”.
El diputado Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, señaló que “lo mínimo que podemos exigir es que ese calendario para la evaluación se cumpla. Que venga el secretario de Educación, Emilio Chuayffet y que no sólo se quede en una posición escondido, también que venga el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para aclararnos esta determinación”.
Para el diputado Juan Carlos Romero Hicks, de Acción Nacional, se trata de una medida que no respeta el Estado de derecho. “Es un muy escenario lamentable de intento de contrarreforma. El Estado no es garante de la legalidad, confunde la dignidad de la política”.
Por último, el legislador Javier Amador Gaxiola, del Revolucionario Institucional, manifestó que la determinación de la suspensión de la evaluación no significa la cancelación de la misma, y refirió que “lo más fácil sería descalificar al gobierno por esta decisión. Esta decisión nos preocupa, por lo que nos pronunciamos es por pedir más información sobre los elementos tomados en cuenta para esta decisión”.