Esquizofrénica, postura del estado mexicano en DH: especialista

XALAPA, Ver., 6 de octubre de 2015.- La negación del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, para aceptar las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla de una postura esquizofrénica del gobierno mexicano, acusó el especialista en Justicia Internacional, Édgar Gómez Jaimes.

En entrevista para Conexión Veracruz, recordó que en un primer momento el funcionario dijo que no compartía las consideraciones y recomendaciones de la CIDH, pues actualmente plantea que el estado mexicano estaba en posibilidad de cumplir los 21 señalamientos.

“Me parece que en esta oportunidad que se presenta al estado mexicano para hacerles frente a las determinaciones de las violaciones a derechos humanos de nuevo hay un déficit”.

El especialistas consideró que la situación que vive el país en el tema de derechos humanos es complicada, sobre todo cuando el símbolo militar de México, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que impedirá que organismos internacionales interroguen a los militares testigos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Consideró que esta negación manda un mensaje de falta de desconfianza a las instituciones de parte del estado mexicano frente a la visita de la CIDH y el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuyas observaciones también serán muy relevantes.

Acusó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el punto de “infección”, de relieve, en todos los casos que actualmente tienen relevancia –como la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, e incluso en los señalamientos de violación de derechos humanos.

Alertó que de las siete sentencias condenatorias que ha recibido el estado mexicano, cuatro de ellas han sido por la participación de la Sedena en esas violaciones, por lo que es el punto que debería atenderse de manera fundamental.

Reiteró que en lugar de tomar los señalamientos de los órganos internacionales como una oportunidad para reparar el problema y construir una nación diferente, hay un “proceso de mal mensaje y poco proceso de reconocimiento de los derechos humanos”.

Gómez Jaimes reiteró que la recomendación de la CIDH para retirar a los elementos castrenses de las tareas de seguridad, y formularla como una estrategia de seguridad ciudadana, ya la había emitido el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias y el de Desaparición Forzada en 2011, por lo que el Gobierno de la República ya tenía advertencias sobre que la presencia de militares provocaba más violaciones a los derechos humanos.

Ante las respuestas de Ejército de que las personas que mueren son porque tienen participación con la delincuencia, bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitaria, hablaría de que México vive en un conflicto armado y que estamos facultados para usar la fuerza; sin embargo, lo único que se tiene seguro es que hay personas muertas y no sabemos lo que ocurre.

Por lo anterior, aseveró que el estado mexicano hace un uso arbitrario del derecho, una politización de las herramientas jurídicas para literalmente castigar al enemigo”.