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XALAPA, Ver., 14 de octubre de 2015.- Las familias de personas desaparecidas deberían ser escuchadas mucho más tiempo, recomendó el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz Rendón, luego de recordar que este martes iniciaron las audiencias en el Senado de la República para discutir la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares.
En entrevista para Conexión Veracruz, dijo que los parientes de desaparecidos fueron al Senado y luego de la reunión comentaron que es difícil que en tan poco tiempo se hable de todos los casos y las experiencias, por lo que “las familias tendrían que ser escuchadas mucho más tiempo”.
Informó que su organización y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas participaron en el foro y destacaron que esta ley debe tener inmediatez, pues “no sería posible que además de esperar a la elaboración de esta ley, se esperara a la elaboración de otras disposiciones, como un reglamento en su caso”.
No obstante, aclaró que aunque la creación de una ley en la materia es un tema urgente, también es importante que sea “de calidad”, por lo que no se quiere que se legisle al vapor sino encontrar un “justo balance”.
Recordó que hasta ahora, lo más similar que se tiene al delito de desaparición forzada es el de secuestro; sin embargo, en una desaparición por particulares se guarda la particularidad de que no se solicita rescate por la persona, sino que se busca eliminar cualquier rastro de ella.
El especialista lamentó que muchas veces las averiguaciones por estos casos inicien de forma tardía y sólo como secuestro, lo que hace que la persona continúe en riesgo o que no se haga justicia ni se repare el daño por su desaparición, pues el Derecho Penal es muy estricto, y si no se cumplen ciertas reglas y descripciones del tipo de delito, no se puede castigar.
Consideró que mientras las desapariciones forzadas de personas no se castiguen, se incentiva que sigan sucediendo.
Alertó Perseo Quiroz que aunque las estadísticas sobre desaparecidos en el país hablen de 26 mil personas, debe considerarse que sólo cuatro por ciento de los delitos se denuncian en el país, pues hay un 96 por ciento que no se evidencia.
Aunque consideró bueno que el Senado de la República esté dispuesto a elaborar una Ley de Desapariciones Forzadas, la prueba de fuego está en cómo la hagan: “si la legislación se elabora desde el escritorio sin tomar en cuenta la realidad de lo que está sucediendo en campo, pues va a ser una legislación que sirva de muy poco para poder abordar esta problemática”.
Enumeró que las consecuencias de una desaparición forzada son de carácter social, económico, familiar y psicológico, lo que forma parte de la descomposición del tejido del país, por lo que no sólo se debe crear una ley, sino políticas públicas adecuadas y necesarias para que esto pueda finalmente solucionarse.
Finalizó explicando que la intención es que la desaparición forzada sea considerada un delito federal pero sin distribuir competencia a los estados, pues esto alentaría la búsqueda de beneficios para los familiares de desaparecidos.