En 180 días, Veracruz debe tener una ley anticorrupción

XALAPA, Ver., 14 de mayo de 2015.- Veracruz, como el resto de los estados, debe crear un espejo del Sistema Nacional Anticorrupción en un plazo no mayor de 180 días, informó el maestro en Auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Colegio de Veracruz, Víctor Hugo Martínez Guerra.

Explicó que el titular de la Contraloría General del Estado deberá ser ratificado por el Poder Legislativo, tal y como sucederá con la Secretaría de la Función Pública.

Al informar cuáles serán las implicaciones inmediatas de la modificación de 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que todas las entidades deberán modificar sus constituciones.

Con el nuevo marco legal, agregó, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y una Comisión Coordinadora que estará integrada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), los órganos fiscalizadores de los estados, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y un comité de participación ciudadana.

“Todas esas instancias que realizan labores fiscalizadoras o revisoras se van a coordinar para realizar un mismo trabajo: fiscalizar, revisar el ejercicio de los recursos públicos para evitar de corrupción”, aseguró el especialista, quien reiteró que el objetivo del Sistema es prioritariamente la prevención.

-¿Con esta nueva ley, cuáles serán las responsabilidades en cada una de las entidades federativas?
-Tendrán que actualizar su marco legal; tienen 180 días para modificar sus leyes. Además de la Constitución, se tiene que crear una Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, una ley general con los puntos finos sobre los cuales se va a revisar, se va a actuar, se va fiscalizar esos recursos públicos, esa ley espejo tiene que darse en todos los estados.

De acuerdo con Martínez Guerra, Veracruz, como el resto de los estados, tendrá que modificar su constitución local para cumplir con las nuevas disposiciones, las cuales van desde la ratificación de los titulares de los contralores en los estados, toda vez que a nivel federal el titular de la Secretaría de la Función Pública ahora será ratificado en el Senado de la República.

Entre los puntos más destacables de la reforma del 21 de abril pasado, se encuentra también el incremento de tres a siete años para prescripción de sanciones administrativas a servidores públicos; la facultad de la ASF para fiscalizar cuentas públicas de estados y municipios en ejercicios fiscales vigentes, así como los recursos transferidos vía participaciones federales.