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Carreteras en pésimas condiciones provocan accidentes en Jilotepec
MÉXICO, D.F. a 29 de marzo de 2014.- Luego de que se diera a conocer del deceso de dos migrantes al ser aventados del tren conocido como “La Bestia”, a manos de presuntos integrantes de a delincuencia organizada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que ha emprendido una investigación para esclarecer el suceso.
De acuerdo con información recabada por la CNDH, alrededor de la media noche del 26 de marzo en curso, las personas migrantes que viajaban en el tren con dirección a Medias Aguas, Veracruz, fueron sorprendidos por el grupo delincuencial que les exigió el pago de 100 dólares para dejarlos continuar su trayecto.
Ante la negativa por realizar el pago, las dos personas de nacionalidad hondureña fueron lanzadas desde el tren, causándoles la muerte.
Un grupo de visitadores adjuntos y peritos se desplazaron a los diversos puntos a los que fueron trasladados los migrantes occisos, con el fin de realizar la investigación de los hechos y las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas, informa el organismo.
Detalla que el personal visitó las agencias del Ministerio Público en Minatitlán y Cosoleacaque, dando seguimiento a las investigaciones; fueron al lugar de los hechos para recabar evidencias y solicitó información a diversas autoridades, entre estas, al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, a la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado y la Presidencia Municipal de Cosoleacaque, Veracruz.
“La Comisión Nacional considera necesario que se actúe con la debida diligencia en la investigación y procesamiento de los responsables, pero sobre todo, en las medidas de prevención para proteger a las personas migrantes que transitan por nuestro país, y se garantice su seguridad e integridad personales, con independencia de sus situación migratoria”, expresó el organismo mediante un comunicado.
La investigación que realiza la CNDH, se indicó, tienen la función de verificar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias y evitar al mismo tiempo, que hechos como los acontecidos queden impunes.