Ejército violaría Constitución con ejecuciones extrajudiciales: Placencia

XALAPA, Ver., 6 de julio de 2015.- El informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., es un análisis crucial, pues deja ver una especie de autorización tácita para realizar ejecuciones extrajudiciales, señaló el doctor en Política Criminal, Luis Armando González Plascencia, quien acotó que con esto el Ejército actuaría fuera de límites constitucionales.

“Digo tácita para conceder, si es que se puede conceder, que el término abatir no es el que semánticamente corresponde a quitarle la vida a una persona”.

En entrevista para Conexión Veracruz, señaló que lo que más llamó la atención del texto es que se hizo pública la orden general a los soldados de abatir a los delincuentes en momentos de oscuridad; es decir, cuando el Ejército trabaja de noche.

Consideró que el tema dio mucho que plantear porque la respuesta inmediata del gobierno federal, a través del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Rafael Campa Cifrián, fue minimizar la palabra “abatir”.

Recordó que el funcionario federal recurrió a la definición de la Real Academia Española (RAE), en la que se indica que la palabra “abatir” no significa “matar”; sin embargo, el Centro Pro analiza cómo el término se ha utilizado por el Ejército durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del de Enrique Peña Nieto: “se habla de personas abatidas para referirse a personas que han perdido la vida”.

El especialista dijo que el informe del Centro Pro deja ver que los que siguen la orden la leyeron en el sentido de que “abatir” significaba “matar”, “y está claro que así fue, pues efectivamente, en aquella ocasión, hace un año en Tlatlaya, perdieron la vida un número alto de personas como resultado de esta acción del Ejército y el cumplimiento de esta orden”.

Opinó que este análisis supera incluso el caso que destaca, pues podría pensarse que esta orden general de operaciones del Ejército estaría siendo interpretada de la misma forma en otros enfrentamientos en los que se reportaron “sospechosamente” ejecuciones, que no se han aclarado pero que desde el punto de vista criminalístico han dejado ver que no hubo tal enfrentamiento o que después de éste hubo ejecuciones.

Alertó que el Ejército podría estar actuando por su cuenta bajo una directriz que ha sido dictada por el alto mando militar, que corresponde al secretario de la Defensa Nacional, llevando a cabo actos que son totalmente extra constitucionales, que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y se consideran delitos.

Aseguró que lo que se plantea en el informe del Centro Pro es suficiente como para que la autoridad civil inicie una investigación o recomponga la que ya se lleva a cabo en el caso Tlatlaya, para dilucidar cuál es el sentido en el que está trabajando el Ejército Mexicano, con miras a señalarle los límites que la Constitución le plantea, que son detener a personas únicamente en situación de flagrancia y ponerlas a disposición de las autoridades del Ministerio Público.